Los golpistas exigen traducción simultánea en catalán durante el juicio del 1-O

Los abogados de los golpistas catalanes procesados por el referéndum ilegal han advertido hoy, en la última vista previa que se celebra en el Tribunal Supremo, que sus clientes exigirán declarar con traducción simultánea en catalán, no consecutiva, en el juicio del 1-O que tendrá lugar en enero. Alegan la importancia de que puedan expresarse en su lengua materna como un derecho que les asiste constitucionalmente y para «no vulnerar su defensa», dada la gravedad de los delitos de los que se les acusan.

Todos ellos han insistido en sus intervenciones, además, que el juicio debería celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aunque es poco probable que el planteamiento prospere, los letrados de los ex consejeros de la Generalitat Oriol Junqueras y Carme Forcadell, entre otros, dejan abierta la puerta a posibles recursos ante la Justicia europea alegando que «la indisoluble unidad de la nación española no puede estar, en ningún caso por encima de los derechos de libertad, expresión o manifestación de los ciudadanos».

La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebrara este martes la última vista antes del juicio del 1-O que previsiblemente que empezará en enero contra los 18 políticos catalanes acusados de rebelión y sedición por el ‘procés’. Se trata de discutir si es el Tribunal Supremo competente para juzgar los hechos que desembocaron en la declaración unilateral de independencia (DUI) de octubre de 2017.  Es la primera vez que se reúnen en pleno los siete magistrados que conforman la Sala, presididos por el juez Manuel Marchena, y todas las partes que intervienen: Fiscalía, abogacía del Estado, acusación popular ejercida por VOX y las defensas de los golpistas.

Los abogados de los golpistas advierten al Tribunal Supremo que exigirán celebrar las vistas del juicio del 1-O en catalán 

Los abogados que representan a los golpistas catalanes han coincidido en plantear la dudosa imparcialidad del tribunal designado para juzgar a sus clientes y han avanzado su escasa «confianza en que la Sala acepte los argumentos procesales de la defensa, no porque no tengan sentido sino porque hay determinadas actuaciones en resoluciones recientes que hacen pensar que el tribunal ya ha tomado e interiorizado la declinatoria de competencias», afirmaba Jordi Pina que representa a Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Vulneración de derechos constitucionales y fundamentales, excepciones radicales al procedimiento, causa general, juicio político, … y otras expresiones del estilo han sido recurrentes durante el transcurso de las intervenciones de las defensas de los 18 acusados por el ‘procés’ catalán. Manifestaciones orientadas a garantizar la posibilidad de plantear un futuro recurso ante Estrasburgo -en referencias constantes a la vulneración a la segunda instancia judicial y el Protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos- que la mayoría de ellos ha expresado su seguridad en que el Tribunal Supremo declarará de nuevo su competencia para conocer sobre el proceso del 1-O.

Las defensas de los golpistas insisten en que los efectos de las acciones de los políticos catalanes no pueden determinar la competencia del Tribunal 

Los abogados de los políticas catalanes, actualmente en prisión provisional, se han referido a cómo siendo aforados sus clientes y habiendo sido investigados buena parte de los «hechos sucedidos» en el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona «debe acreditar la Sala del Tribunal acredite su competencia de acuerdo a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Todos ellos han coincidido en que la ley «no preve la competencia del Tribunal Supremo» que ha construido «un foro ad hoc por parte de las acusaciones más optimo para sus intereses que la del juez natural» lo que aseguran ataca a un poder del Estado que son los «diputados aforados», en relación a los golpistas, y aseguran que es la Fiscalía quien construye un «relato» para «determinar la competencia del Tribunal Supremo».

Niegan, además, que existan elementos que confirmen el carácter internacional del ‘procés’ para justificar la extraterritorialidad del juicio oral y su celebración ante el Tribunal Supremo. Y aseguran que el hecho de que los magistrados de la Sala «asuman repetidamente el conocimiento de causas de aforados con aquiescencia del fiscal y de las acusaciones populares» hacen imprevisible la interpretación de las normas, con el prejuicio que ello supondría para sus defendidos.

Fiscalía en el punto de mira de los golpistas

Los abogados defensores de los golpistas han señalado reiteradamente a la Fiscalía como objetivo de sus críticas por «alterar el foro de competencia» de manera artificial y repetir en sus escritos de acusación que la base del juicio del 1-O son los «efectos de las acciones y no las acciones como elementos del tipo delictivo que no cumplen» y aseguran que esto implica que el Ministerio Fiscal utilice un «argumento sentimental» en el proceso penal.

También han apelado a la dignidad personal de los acusados y a la dificultad para todos ellos de tener que acudir a Madrid «lejos de sus equipos de defensa y de sus familias» para desmontar la competencia del Tribunal Supremo. «Esto va de personas. Devuelvan la causa a Cataluña», concluía Andreu van den Eynde, abogado que representa a los ex-consejeros Oriol Junqueras y Raúl Romeva.

La Fiscalía ha sido cuestionada por construir un «relato sentimental» que determina la competencia del Tribunal Supremo

Una vez más, las defensas han cuestionado cómo el Ministerio Fiscal ha podido conceptualizar «que gente votando (cuando votar no es delito) en el extranjero se relacione con un alzamiento violento. O cómo ha podido vincular la clonación de una web con un alzamiento. No es alzamiento ni en Internet, pues en la vida real menos».

Y han apelado al sentido común para que el Tribunal Supremo no asuma «la tesis de las acusaciones, incluida la Fiscalía, que cuestionan el aforamiento de parlamentarios por hechos tangenciales y anecdóticos como un artículo en un medio de comunicación internacional», en referencia al artículo firmado por el ex-presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Washington Post.