El Gobierno de Sánchez presiona a los jueces: «Les toca aplicar la Ley de Amnistía en su literalidad»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presionado este sábado a los jueces del 1-O para que apliquen la Ley de Amnistía en su «literalidad», puesto que, según ha señalado, no cabe cambiar el «espíritu» que le dio poder legislativo.

En declaraciones a los periodistas en el juramento del nacionalista Imanol Pradales como lehendakari, Montero ha advertido a los jueces que «no se puede cambiar el espíritu del legislador ni hacer una interpretación fuera del contexto planteado por los legisladores».

«La Ley de Amnistía le tocaba al poder político impulsarla y desarrollarla, y le toca al Poder Judicial aplicarla en la literalidad del texto resultante de la soberanía popular que reside en las Cortes», ha manifestado.

Así, ha dicho que espera que «las actuaciones (judiciales) que se practiquen pongan la verdad y la realidad encima de la mesa», ha recalcado, en un ejercicio de intimidación a los jueces y tribunales desde el Poder Ejecutivo.

Precisamente, este mismo sábado, en un acto del PP de Madrid con motivo del primero año de su mayoría absoluta, la presidenta de la Comunidad y líder de los populares madrileños, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que el Gobierno de Sánchez haya dicho estos días, «con toda la cara», que «los jueces se tienen que atener a la voluntad de las leyes».

«Ahí está la trampa, en lo que llaman justicia popular, democracia popular. La justicia es justicia y se aplica de principio a fin para todos aquellos que han cometido delitos. Todos son todos», ha enfatizado Ayuso.

Y es que desde el Gobierno central se viene trasladando que, una vez que la Ley de Amnistía ha entrado en vigor, corresponde a los jueces aplicarla conforme a «la voluntad del legislador» al redactar esta controvertida norma.

«Los jueces, cuando apliquen esta ley, han de tener en cuenta la voluntad del legislador», mantienen en el Gobierno después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena instara a las partes a pronunciarse sobre la Ley de Amnistía -una vez publicada en el BOE- y decretara que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados del 1-O declarados en rebeldía, entre ellos el ex presidente de la Generalitat Carles Pugidemont.

La Ley de Amnistía impulsada por los socialcomunistas y sus socios pretende beneficiar a los implicados en el golpe separatista y fue pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Entretanto, la ANC, Òmnium e Irídia -plataformas civiles del separatismo- han presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona en el que exigen que no se aplique la Ley de Amnistía «a los policías que cometieron violencia policial» el 1-O. Lo han hecho después que el juez instructor que investiga a los policías del 1-O haya pedido el posicionamiento de las partes, según informó la Asamblea Nacional catalana (ANC) en un comunicado.

La ANC y Òmnium son acusación particular, mientras que Irídia es acusación popular y particular; y las tres entidades han esgrimido que la Ley de Amnistía no puede amparar «la brutalidad policial», esgrimiendo que la actuación de los agentes fue «incompatible» con el Convenio por la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. A su juicio, los actos investigados deberían quedar exentos de la amnistía porque «pueden representar delitos de torturas o trato inhumano o degradante». En cambio, la Fiscalía se ha posicionado a favor de aplicar la amnistía a los agentes investigados.

«Financiación singular»

Por otro lado, cuestionada la ministra María Jesús Montero este sábado en Vizcaya por la posibilidad de que Cataluña cuente con una «financiación singular» y las críticas del PP, la número dos de Pedro Sánchez ha acusado a la formación popular de «no saber cómo sobreactuar con todas las cuestiones, especialmente cuando consisten en impulsar una confrontación territorial con Cataluña».

«La posición del PP se ha fundamentado durante este tiempo en hacer de la confrontación entre territorios su razón de ser. Cuando se le va acabando esa parte del discurso, buscan otros nuevos», ha agregado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido a ERC y Junts una «financiación singular» para que permitan la investidura del socialista Salvador Illa, ganador de las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo, mientras que los separatistas catalanes aspiran a un «concierto a la vasca». Con todo, el Ejecutivo sostiene que maneja «fórmulas imaginativas» sobre la «singularidad» para llegar a un entendimiento. De lo contrario, cobra fuerza la posibilidad de una repetición electoral en Cataluña el próximo otoño.