El Gobierno de Sánchez ha implantado la telemedicina en las cárceles españolas por falta de médicos

Las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por impulsar la telemedicina en las urgencias extrahospitalarias de la región no han cesado en los últimos días. Sin embargo, se trata de una herramienta que no sólo avala la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha llegado a utilizar el Palacio de la Moncloa para arremeter contra Ayuso a propósito de su gestión de la sanidad, lleva tiempo aplicándola en las cárceles españolas, donde ostenta la competencia sobre los médicos.

Con la única salvedad de Cataluña, País Vasco y Navarra, que tienen transferida esta competencia, el Ministerio del Interior del Gobierno de España tiene la responsabilidad sobre la sanidad en las instituciones penitenciarias del resto del país, donde ha reconocido que falta personal.

En un documento oficial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno reconoce un «déficit de profesionales médicos en algunos centros penitenciarios» por el que «no se puede garantizar la cobertura de prestación del servicio sanitario las 24 horas al día».

Ante ese escenario, prosigue, «la telemedicina permitiría dar respuesta a determinados aspectos planteados en la Atención Sanitaria en IIPP, siendo una opción la teleconsulta realizada por profesionales propios ubicados en otros centros penitenciarios que cubrirían esa necesidad asistencial».

Una solución prácticamente idéntica a la que ha puesto en marcha Díaz Ayuso en Madrid, donde faltan médicos en 34 de los 80 centros de urgencias extrahospitalarias reabiertos, y, por ello, la Consejería de Sanidad ha implementado las videollamadas para, en caso de necesidad -cabe recordar que el 55% de los pacientes que van a estos centros sólo necesitan atención de enfermería-, el personal de estos centros pueda ponerse en contacto con un facultativo.

Con todo, desde el sindicato CCOO califican la telemedicina en los centros penitenciarios de «ocurrencia». «Frente a esa realidad -de falta de médicos-, desde las gestiones de los centros penitenciarios se sigue apostando por ocurrencias como la implantación de un sistema de teleasistencia médica, que hará incrementar las cargas de trabajo del ya muy saturado personal de enfermería», sostienen.

«El sistema de teleasistencia es, por definición, contrario a una atención de salud primaria y en un contexto de una población penal muy vulnerable sanitariamente, con índices de patologías muy superiores a la media de la población. Además, FSC-CCOO ha venido denunciado que los sistemas informáticos y la digitalización en prisiones es prácticamente inexistente o de baja calidad, sin que se haya llevado a cabo la modernización digital de la institución, usándose los fondos europeos a la compra de ordenadores para altos directivos», ahondan.

Para CCOO, «este maltrato supone una condena añadida para las personas que están en prisión, ya que se les priva de la sanidad pública a la que todo el mundo tiene derecho».

Asimismo, agregan, «supondrá una merma de los derechos laborales, pues el tiempo de las guardias del personal sanitario que atienda esta teleasistencia no computará como tiempo de trabajo y, por tanto, no generará descansos. Esta medida elude el límite máximo de jornada que establece la Directiva Europea (48 horas a la semana), y no respeta el descanso de 11 horas entre jornadas o el de 35 al salir de una guardia de 24 horas el fin de semana».

Mientras tanto, según Interior, «la Administración Penitenciaria mantiene, en los establecimientos de ella dependientes, la cobertura sanitaria correspondiente al nivel de Atención Primaria de la Salud (Art. 209 del R.P), garantizando a todos los internos una atención médico-sanitaria equivalente a la que se oferta al conjunto de población».