El Gobierno rechaza una auditoría sobre el descontrol de sus contratos en la pandemia

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 21/04/2022 06:48
  • Actualizado: 21/04/2022 08:40

El Gobierno no tiene previsto impulsar ninguna auditoría, bien propia o externa, para aclarar las irregularidades detectadas en los contratos de emergencia que firmó en los momentos más críticos de la pandemia. Ese descontrol ha sido certificado en varias ocasiones por el Tribunal de Cuentas, tras fiscalizar distintas compras de material sanitario -como mascarillas, guantes o gel hidroalcólico- tanto por el Ejecutivo como por sus distintos organismos.

El Grupo Parlamentario Popular se interesó por los planes del Gobierno para «impulsar, liderar o coordinar en algún momento una auditoría con la que aclarar todos los detalles de los «sospechosos contratos» que firmó el Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia». Ahora, en un documento oficial remitido al Parlamento, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno defiende en cualquier caso que «todos los contratos suscritos por los órganos directivos del Ministerio de Sanidad cumplen con el procedimiento establecido y se someten al control interno previsto en la normativa vigente». Descarta así impulsar una revisión de estas contrataciones, algunas de las cuales ya han sido denunciadas por la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción.

En sus distintas fiscalizaciones, el Tribunal de Cuentas ha advertido de varias irregularidades. El organismo ha analizado, entre otros, varios contratos firmados por 13 organismos del Estado, como la Agencia Tributaria o el Instituto de Crédito Oficial, concluyendo que «un número significativo de las entidades fiscalizadas no han comprobado la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, sin que tampoco hayan exigido que aquellos poseyeran y acreditaran la solvencia económica, financiera y técnica necesaria para que se les adjudicara el correspondiente contrato».

Se trata de una irregularidad detectada en varias contrataciones con el «riesgo de llegar a contratar a una persona sin capacidad jurídica o inhabilitada para contratar con el sector público, o a un empresario que no acreditase en la forma legalmente exigible la solvencia necesaria para atender los compromisos asumidos mediante el contrato», según ha alertado el Tribunal de Cuentas.

Otro de los problemas detectados es que varias empresas no tenían como objeto social la importación de material sanitario, sino actividades de lo más diversas. Según el Tribunal de Cuentas, «en estos supuestos resultaba exigible que el órgano de contratación justificase la imposibilidad de celebrar el contrato con empresas en cuyo objeto social se incluyesen las prestaciones objeto de contratación». Además, «en la mayor parte de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa». Esto, según el informe, constituye «una buena práctica al objeto de adecuar la tramitación excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa».

326 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado también a la Fiscalía Anticorrupción 12 contratos por valor de 326 millones que fueron adjudicados durante la pandemia por el Gobierno de Sánchez.

Entre ellos se encuentran las ayudas concedidas a las empresa vinculada a los padres de Pedro Sánchez, Playbol, que destapó OKDIARIO, así como a Beedigital, cuyo director de marketing es el marido de la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

El Gobierno, como publicó este periódico, pagó además un sobrecoste de hasta el 500% por la compra de guantes de nitrilo a la empresa Member of the Tribe, cuyo objeto social era principalmente el diseño, la fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios. El coste de los contratos ascendió a 9.444.000 euros. Sin embargo, la empresa no cumplió los plazos y Sanidad rescindió el contrato tras abonar un adelanto de 1,6 millones que no recuperó.

En una respuesta al Congreso, el Gobierno no ha puesto reparos a esta contratación, que ha tratado de justificar en «la urgente necesidad de la adquisición y distribución de guantes». Según el Ejecutivo, «en el momento en el que se realizó esta solicitud de concurrencia, únicamente la empresa manifestó capacidad para dar solución a esta necesidad de emergencia».