El Gobierno exige a los guardias civiles borrar los datos que muestran sus contagios en acto de servicio

Los guardias civiles han recibido dos duros mensajes en pleno estado de alarma por el coronavirus: el primero, el de que no se reconoce a sus víctimas por el Covid-19 como agentes caídos en acto de servicio. El segundo, todavía peor: “No se deberá grabar un hecho relativo a siniestralidad guardia civil en aquellos supuestos de personal del cuerpo afectado por Covid-19 (positivos confirmados, cuarentenas, etc.), debiéndose eliminar todos aquellos que se hayan podido grabar hasta la fecha”. Todo un borrado de pruebas sobre el avance del coronavirus en la Guardia Civil. Este último caso, que hoy destapa OKDIARIO, tiene, además, el añadido de la «dificultad» para determinar si el contagio confirmado se ha producido por el desarrollo del trabajo.

No se trata de un mensaje surgido de la propia Benemérita. Se trata de una orden procedente de instancias políticas, tal y como ha confirmado una fuente interna con la que ha contactado este diario. Pero el mensaje supone un duro golpe para los agentes. En primer lugar, porque el no reconocimiento tiene un efecto moral que prueba una notable falta de agradecimiento hacia su labor desarrollada en el transcurso de esta crisis humanitaria, donde los agentes de este cuerpo están teniendo que intervenir en el control de focos de contagio y en el cumplimiento de las medidas del estado de alarma. Y lo están haciendo, en infinidad de ocasiones, sin contar con material de prevención generalizado.

Pero, además, implica una consecuencia económica para ellos: no es el mismo el tratamiento que reciben sus víctimas en caso de serlo en acto de servicio. Para el Gobierno, sin embargo, el borrado de los datos tiene un efecto anestésico: el de disimular que se han producido contagios por no haber facilitado mascarillas y guantes a los agentes.

Guardia Civil

La explicación del texto en el que se ha empezado a trasladar la orden del borrado de datos roza lo esotérico. El texto afirma que “en la actual situación de emergencia sanitaria, toda la población en general, incluidos guardia civiles, está expuesta un nuevo tipo de virus. Las especiales características del virus y su forma de propagación y contagio hacen muy difícil determinar cuándo y cómo se ha producido el contagio en aquellas personas a las que se les ha diagnosticado un positivo confirmado, no pudiéndose determinar si el mismo ha sido relacionado con la prestación del servicio”. Y es que efectivamente es difícil: básicamente porque el Gobierno también se ha negado a controlar su estado de salud y contagios facilitando tests de detección del COVID-19.

El texto prosigue afirmando que “por todo lo anterior, se considera que no se deberá grabar un hecho relativo a siniestralidad guardia civil en aquellos supuestos de personal del cuerpo afectado por COVID-19 (positivos confirmados, cuarentenas, etc.) debiéndose eliminar todos aquellos que se hayan podido grabar hasta la fecha”.

En resumen: gran solución del Gobierno. Puesto que las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil afirman que la cifra de contagios puede ser superior a los 9.000 casos entre ambos cuerpos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que lo mejor es que se borren los datos que puedan avalar una reclamación de judicial de daños y perjuicios contra el Estado por no haber provisionado mascarillas, guantes y gel de protección contra los contagios. Y es que, sin pruebas de que el contagio ha sido producido en acto de servicio, la infección puede haberse producido perfectamente en el hogar, con los amigos, la familia, o en cualquier otro lugar.

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