El Gobierno no revisa los cambios de sexo fraudulentos: «Corresponde al Registro Civil»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que su administración no revisa los cambios de sexo que pudieran ser fraudulentos, sino que «corresponde al encargado del Registro Civil» la revisión de la «posible concurrencia de un fraude de ley». Además, aseguran que no se registran las denegaciones y, por lo tanto, «no se recogen en la aplicación informática».

El Ejecutivo socialista se ha pronunciado a través de una respuesta parlamentaria a pregunta de varios diputados de Vox para respuesta por escrito del Gobierno. Reyes Romero, Rocío Aguirre y Rocío de Meer, representantes del partido de Santiago Abascal, interrogaron sobre el «número de cambios de sexo registral que se han producido en el año 2025, número de solicitudes que han sido fraudulentas en los años 2023 y 2024, número de las que han sido denegadas y número de cirugías de cambio de sexo producidas en el año 2025».

En la réplica por escrito de la administración socialista, han admitido que, en todo el año 2025, «se han producido un total de 5.148 cambios en la mención registral del sexo».

El Gobierno reconoce simplemente que corresponde al «encargado del Registro Civil la apreciación de la posible concurrencia de un fraude de ley, mediante las preceptivas comparecencias». Este órgano, aunque orgánicamente depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del socialista Félix Bolaños, actúa con independencia funcional y técnica, como funcionarios que dan fe de situaciones en el ámbito civil de las personas.

«Las solicitudes de rectificación registral de la mención relativa al sexo se presentan ante la persona encargada de cualquier oficina del Registro Civil», recoge la respuesta por escrito del Gobierno a la pregunta de Vox.

Implícitamente, aclaran que sólo queda constancia de los cambios de sexo que cumplen con la ley, ya que aseguran que «no se dispone del número de denegaciones, ya que no se recogen en la aplicación informática».

Fraudes de ley

La polémica con la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB, conocida como Ley Trans, desde un principio rodeó los posibles cambios «fraudulentos». Es decir, utilizar la ley para cambiarse de sexo y acceder a ayudas o beneficios a los que, como hombres, no podrían acceder.

Los defensores de la norma aseguran que existen barreras en el Código Civil que evitan que la Ley Trans se utilice para que los varones cambien de sexo para beneficiarse de las medidas de discriminación positiva dirigidas a las mujeres, para evitar una condena por violencia de género o para cumplirla en un centro penitenciario femenino.

Por un lado, el Código Civil, en su artículo 6.4, prohíbe «los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él». Esos casos «se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir». Ese mismo texto normativo prevé, en su apartado 7.1, que «los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe».

Todo ello es lo que, según el Ejecutivo, se revisa para evitar que se produzca un uso torticero de la norma para aprovecharse de ella en beneficio propio y en perjuicio de otras personas.

Uno de los casos que ha levantado la polémica ha sido el de un agente de la Policía Nacional de Palma que hace unos meses decidió cambiar de sexo en el DNI para convertirse oficialmente en mujer y solicitó recientemente que la llamen «Mari Carmen».

La agente pidió utilizar los vestuarios femeninos de la comisaría y, según sus compañeros, generó sorpresa, incredulidad y malestar, porque su aspecto físico permanece prácticamente igual: corpulento, con barba y perilla. Según algunos compañeros, tiene un porte que califican como «muy masculino».