El Gobierno reconoce que no comprueba los antecedentes penales de los maltratadores que se cambian de sexo

El Gobierno ha admitido que no conoce cuántos maltratadores podrían haberse acogido a la conocida como Ley Trans, cambiando de sexo registral, pues, a la hora de realizar el trámite, no se comprueban sus antecedentes penales. El Ejecutivo reconoce así, por escrito y en respuesta a OKDIARIO, una laguna en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB, que ha provocado ya varias polémicas conocidas a través de los medios de comunicación.

En concreto, este periódico se interesó por el número de agresores de violencia de género que han cambiado de sexo en el Registro Civil y, posteriormente, han solicitado recursos en los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género, como comunicó en su día la Comunidad de Madrid.

En 2024, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció que estaban «valorando» casos de agresores sexuales que cambian de sexo y buscan después recursos contra la violencia de género. Incluso acercándose a sus víctimas en centros de acogida.

Todo ello, después de que la Comunidad de Madrid advirtiese al Ministerio de Igualdad, en una carta que fue adelantada por el diario El Mundo, de casos de agresores que pretendían acceder a recursos para la atención contra la violencia de género tras haberse acogido a la Ley Trans. En uno de esos casos, incluso, al ir a denunciar una agresión sexual, la mujer se encontró además con que su ex pareja había cambiado su registro a mujer, por lo que no se había podido acoger a la protección especial para víctimas. También se informó de agresores que se habían interesado por las ayudas que les corresponderían si se declarasen víctimas de violencia de género. Desde la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid mostraron su «preocupación» por este «fraude de ley» que «pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales y en riesgo el sistema de protección».

Ahora, en respuesta a este periódico, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública- reconoce que «no se dispone de datos» sobre los maltratadores que podrían haberse acogido a la Ley Trans dado que «conforme al procedimiento no es necesario la presentación de antecedentes penales sino únicamente la realización de dos comparecencias ante el encargado del Registro Civil».

Igualmente, justifica que, de acuerdo con la citada ley, «la persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral».

Desde la aprobación de esta ley se han conocido casos de maltratadores que se han acogido a la Ley Trans para que el delito se juzgue como violencia doméstica y no de género.

La Fiscalía alertó al Gobierno

Como publicó este periódico, la Fiscalía General del Estado convocó a los ministerios de Igualdad e Interior para alertarles de casos de maltratadores que recurrían al cambio de sexo para «burlar la ley». La Fiscalía les trasladó su preocupación por el cambio de sexo registral de los agresores tras la entrada en vigor de la Ley Trans.

«Una preocupación de muchas fiscalías son los cambios registrales de sexo de los presuntos maltratadores con la clara intención de burlar la ley y de perjudicar a las mujeres víctimas», recoge en concreto la memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2024.

Igualmente, el documento destaca que son «varias» las diligencias incoadas en la aplicación de la Ley Trans y los posibles abusos cometidos en fraude de ley.

Así, por ejemplo, expone que la Fiscalía de Área de Ceuta informó de la existencia de dos casos de cambio de sexo de hombre a mujer, realizados por dos varones incursos en procedimientos penales por violencia de género en que la juez había remitido testimonio de la sentencia al Ministerio Fiscal por entender que existían indicios de fraude. «Se acordó incoar diligencias preprocesales a fin de completar la información necesaria para adoptar una decisión», completa. En muchas ocasiones, esta circunstancia deriva en un embrollo burocrático con el consiguiente perjuicio para la víctima.