El Gobierno no paga en los ERTE parte de las prestaciones que corresponden por hijo

El Gobierno no sólo ha pagado tarde a los afectados por los ERTE. Además, a algunos de ellos ni siquiera les ha pagado a estas alturas y a otros no les ha pagado las cuantías que le correspondían por sus hijos. El propio Ministerio de Trabajo reconoció en una circular del 12 de abril que había impagos en la cuantías de los hijos de los trabajadores más golpeados por la crisis y que lo arreglaría. Una carta del sindicato USO remitida personalmente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desvela ahora las quejas de infinidad de trabajadores en ERTE que denuncian que en absoluto se les ha pagado por los hijos.

La carta del sindicato está fechada a 25 de junio de 2020. Y relata todas las penurias que siguen pasando los inmersos en los ERTE. “Desde USO queremos poner en su conocimiento una serie de irregularidades y errores en la tramitación de las prestaciones del SEPE que están provocando situaciones críticas para los trabajadores y trabajadoras afectados por los ERTE, tanto de fuerza mayor como los presentados por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que ya ven mermados sus ingresos al encontrarse en esta circunstancia y que, bien sea por el retraso en el ingreso de la prestación o por errores en su cálculo o en los datos, están sufriendo grandes penalidades en su ya menguada economía familiar”, destaca la carta a Yolanda Díaz.

“El pasado 25 de marzo, desde USO registramos una petición al Ministerio de Trabajo y Economía Social para que agilizase al máximo el pago de las prestaciones a las personas que se vieran afectadas por el aluvión de ERTE derivados de la crisis del coronavirus. Ya por entonces, alertábamos, que el pago de la prestación se retrasaría en 50-70 días”, subraya el sindicato. Pero las irregularidades no han dejado de aparecer. Y muchas, “vinculadas a la situación familiar”, como señala USO.

Así, “una de las medidas que se adoptó desde el SEPE para agilizar el abono de las prestaciones fue unificarlas para su cálculo a ‘hijos 0’. Se trataba de un cambio en el cómputo de las prestaciones que carecía de base legal y que no recogía ningún mecanismo de recuperación. El máximo lineal a percibir era entonces de 1.098,09 euros. En primer lugar reiteramos nuestra posición crítica a cómo se adoptó esta medida, a través de una previa de instrucción, sin estar regulado ni ser público y sin articular un mecanismo de compensación a posteriori, como por ejemplo, abriendo un plazo especial de reclamaciones de manera pública e informando a las personas afectadas”, desvela el sindicato.

Falsedad continuada

Desde USO señalan que el propio Ministerio lo reconoció el 12 de abril y tranquilizó a los afectados afirmando “que será el organismo quien regularice de forma automática el aumento de las cantidades que le correspondan a cada beneficiario en función de sus condiciones familiares. Las personas afectadas no tendrán que hacer ningún tipo de reclamación para ello”.

Pero la falsedad ha continuado: “Desde USO hemos recibido la comunicación de personas afectadas que no han realizado reclamaciones”, tal y como indicó el SEPE, “constatando que esta situación no se ha subsanado aún. Por lo que reclamamos que se subsane o bien que se informe a los afectados de esta situación y del plazo en el que se va ingresar la diferencia al tener en cuenta los hijos a cargo, o, por último, que se comunique que se debe hacer, finalmente, una reclamación individual”.

También en materia de “reducción de jornada por guarda legal” se han detectado irregularidades: “En este caso, hemos recibido la constatación de que a las personas afectadas por un ERTE que ya estaban en situación de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o personas con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, a las que se les está calculando la prestación sin tener en cuenta la causa de la reducción con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo e inseguridad ante si debe interponer una reclamación individual o si el SEPE, como en el caso anterior, va a actuar de oficio”.

De nuevo, los supuestos errores han sido a favor del Gobierno. No de los trabajadores a los que se les publicitaba un “escudo social”. “Es importante recordar que, para el cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo en los casos de reducción de jornada por guarda legal, regulada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, se debe tener en cuenta hasta el 100% de las bases de cotización que le hubieran correspondido si no hubiera reducido su jornada, tal y como establece en su artículo 270.7, la Ley General de la Seguridad Social”, aclara Sara García de las Heras, secretaria confederal de Acción Sindical y Salud Laboral de Unión Sindical Obrera (USO).

“En este caso, el no tener en cuenta la causa de la reducción de cara al cálculo, agrava una situación de desigualdad ya preexistente, las personas que reducen su jornada son en su mayoría mujeres que ya ven mermado su salario y reducidas sus aspiraciones laborales por tener que sacrificar parte de su jornada al cuidado y ahora se ven también penalizadas por el SEPE en el cobro de su prestación”, añade García de las Heras.

Y, por si fuera poco, también con los trabajos a tiempo parcial se han detectado irregularidades que han desprotegido a la población. “En relación con los contratos a tiempo parcial hemos detectado varias irregularidades: Al ser las empresas las que aportan los datos de cara a la tramitación de las prestaciones por el SEPE, éstas han presentado el contrato base sin tener en cuenta las posibles mejoras de contrato, que en algunos trabajadores llegan a tener unas medias de 35 horas semanales, lo que implica una merma económica sustancial y que no se ajusta a la realidad contractual de algunos trabajadores afectados”.