El Gobierno se niega a informar sobre los contratos al empresario del yatazo del alcalde Puente

El PP preguntó por los contratos de Zaitegui con el Gobierno y el Gobierno les mandó el enlace del Portal de Contratación del Sector Público y unas instrucciones sobre cómo manejarlo

Los 'populares' quieren saber si en el código ético del Gobierno es aceptable que un adjudicatario público te regale unas vacaciones en yate de lujo

Óscar Puente
Óscar Puente y Pedro Sánchez

El Gobierno ha eludido responder sobre los contratos que pueda tener Zaiglobal Services SL con los ministerios del ejecutivo que preside Pedro Sánchez. A la solicitud de datos remitida por el PP, el ejecutivo ha respondido que lo miren en el Portal de Transparencia. Es más, les da el enlace y unas instrucciones sobre cómo usarlo. Como ha publicado esta semana OKDIARIO, la empresa que alquiló el yate en el que Óscar Puente y su hija pasaron sus vacaciones en Ibiza y Formentera en septiembre, confirma que los 6.000 euros del alquiler los pagó el empresario Sergio Zaitegui mediante transferencia bancaria a cuenta de Zaiglobal Services SL. Esta empresa fue, precisamente, a la que Puente había adjudicado, meses antes, un contrato municipal de 195.178,20 euros.

Los diputados del Partido Popular por Valladolid, Eduardo Carazo y José Ángel Alonso, solicitaron al Gobierno en el mes de diciembre que remitieran «todos los contratos del Gobierno de España en los que participe la empresa Zaiglobal Services SL desde el 2 de junio de 2018», la fecha en la que Sánchez accedió a la presidencia tras derrotar a Mariano Rajoy en la moción de censura. La solicitud la realizaron tras desvelar OKDIARIO, días antes, que el empresario Sergio Zaitegui había pagado el alquiler del yate en el que Óscar Puente y su hija estuvieron de vacaciones en Ibiza en septiembre y que Puente le había adjudicado, meses antes, un contrato de casi 200.000 € en el Ayuntamiento de Valladolid.

Óscar Puente
Pregunta del PP sobre el yate de Óscar Puente y la respuesta del Gobierno

El Gobierno tardó un mes en responder a tan sencilla solicitud dirigida a «todos los ministerios del Gobierno de España». Un mes después la respuesta fue exactamente mandarles al Portal de Transparencia: «En respuesta a la iniciativa de referencia, se facilita enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la que puede consultar la licitación pública solicitada». Una respuesta trabajada, sin duda, que contenía, además, todo un detalle: el enlace directo al portal para que los diputados se la buscaran por si mismos.

En la respuesta hay otro detalle sin duda a valorar por parte del ejecutivo de Sánchez. Por si estos diputados no saben usarlo, la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes les explica cómo hacerlo y les da unas simples instrucciones: «En el apartado Licitaciones, la Plataforma de Contratación de Contratación ofrece -dice la surrealista contestación- un buscador con múltiples criterios de búsqueda, en el que, además de seleccionar la Administración que efectúa la licitación, se puede elegir las fechas de contratación, el adjudicatario o el importe, entre otros aspectos». Y ya. Un mes para responder esto.

«Esto es una no respuesta», dice a OKDIARIO el parlamentario ‘popular’ por Valladolid, Eduardo Carazo: «Nos mandan al Portal de Transparencia». Para el diputado del PP, «este asunto [el del yate] es una cuestión relevante porque durante el primer estado de alarma, al inicio de la pandemia, ya se vio que el Gobierno y diversos gobiernos autonómicos del PSOE se dedicaron a contratar amigos para suministrar materiales de protección contra el Covid».

A los parlamentarios del PP no les ha sorprendido la respuesta a su solicitud: «No es la primera vez. Estamos acostumbrados. Es un Gobierno al que no le gusta el control del Congreso y al que no le gusta la transparencia». Para Eduardo Carazo, «algo tendrán que ocultar en este asunto porque, si no, contestarían y nos darían los datos solicitados».

El PP va a continuar -dice Eduardo Carazo- «preguntando e investigando hasta que se sepa toda la verdad de este asunto en el que el Gobierno de Sánchez y Óscar Puente se niegan a dar la información necesaria para aclararlo». OKDIARIO contaba este martes que un alto directivo de Sergio Zaitegui, ex militante de Nuevas Generaciones del PP vasco, Luis Ángel Urdiales, llamó para presionar a sus ex compañeros de Valladolid para que dejaran de investigar y denunciar el caso del yatazo. Urdiales es el Director de Administraciones Públicas de Grupo Watio y reporta directamente al CEO de la compañía, Sergio Zaitegui. Fue -según fuentes del PP vallisoletano- una llamada «en tono educado», pero que sonó claramente a «amenaza».

Los diputados Carazo y Alonso han preguntado también en relación al caso Óscar Puente: «¿Qué código ético se aplica al Gobierno de España en relación con la recepción de regalos, dádivas, etc.?». Y a continuación: «De acuerdo con ese código ético, entre los regalos que no exceden los usos sociales, ¿se incluirían las vacaciones en un yate de lujo?».

Los parlamentarios también preguntaron por la valoración que hacía el ejecutivo de la noticia siendo Óscar Puente el portavoz oficial de la Ejecutiva Federal del PSOE, pero Meritxell Batet, presidenta del Congreso, la rechazó en la Mesa.

Sánchez y Puente

Óscar Puente es un dirigente del PSOE  muy próximo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es un fiel y entusiasta de Sánchez, que ha estado con él desde el principio y que estuvo con él, sobre todo, tras su abrupta salida de la secretaría general en 2016 al intentar amañar las primarias. Le animó a volver e hizo campaña por él. Como premio, Sánchez le hizo portavoz oficial del partido.

Óscar Puente es, a día de hoy, el portavoz oficial de la Ejecutiva Federal del PSOE, aunque sus constantes salidas de tono en las ruedas de prensa y su habitual talante mal encarado aconsejaron a los socialistas que fuera José Luis Ábalos el que asumiera de facto esa función. Pese a ello, en las últimas ejecutivas federales del PSOE que han sido presenciales, Puente ha mantenido una posición relevante en la presidencia junto a Adriana Lastra y el presidente Sánchez.

Óscar Puente
Reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE con Óscar Puente junto a Adriana Lastra y Pedro Sánchez

Fuentes del PP recuerdan que el caso tiene repercusión nacional al ser Óscar Puente el portavoz del partido del Gobierno. “El PSOE se ha acostumbrado a que sus escándalos del día tapen los del día anterior». El diputado José Ángel Alonso calificó así el asunto: «Es el clásico ejemplo del cinismo de la izquierda: por la mañana a las barricadas y por la tarde a las mariscadas».

La familia

Puente tiene, sin duda, una posición muy relevante en el PSOE nacional y, desde luego, como alcalde de Valladolid. «En Valladolid va contando -dicen fuentes políticas de la ciudad- que tiene hilo directo con Sánchez; una especie de teléfono rojo con él».  También recalcan, en este sentido, que «tiene un cierto carácter fanfarrón».

Pero Puente tiene, además, una hermana muy influyente: Sofía Puente, fiscal de carrera, de la Unión Progresista de Fiscales y azote del Gobierno de Rajoy en el Consejo Fiscal. Sánchez la premió nombrándola Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (la antigua Dirección General de Registros y Notarias) del ministerio de Justicia, aunque incluso sonó como ministra.

El 11 de abril de 2020, en plena pandemia, con el Gobierno mintiendo sobre el número de muertos y negando que supiera el número real de fallecidos en las residencias, Sofía Puente remitió un formulario on line, con tres apartados, sencillo de rellenar, ordenando que, cada día, los Registros Civiles de toda España le informaran -decía la Instrucción- sobre «número de fallecidos en domicilios particulares, número de fallecidos en centros hospitalarios y número de fallecidos en residencias». La orden se cumplió escrupulosamente. La información sobre los fallecidos entraba directamente al sistema informático del ministerio. Sofía Puente la remitía a Moncloa.

Aquel 11 de abril, Sofía Puente ordenó que los Registros Civiles le actualizaran el cómputo de muertos desde el 14 de marzo, fecha del decreto del estado de alarma. Desde aquella fecha, Sofía Puente «protege con su silencio» -según fuentes de Moncloa que vivieron muy de cerca aquellos meses- «el secreto mejor guardado del Gobierno».

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