El Gobierno manipula la criminalidad: oculta el aumento de delitos detrás del crecimiento de la población

El Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado los datos de criminalidad de forma interesada para tratar de vender una imagen de mayor seguridad frente a la que realmente se vive en algunas zonas del país. El Ejecutivo ha ocultado el aumento de delitos detrás del crecimiento de la población. Y es que, al crecer el número de habitantes más que la cantidad de delitos, desde la Administración central aseguran que esto «supone una disminución del índice de criminalidad convencional».

El líder del Ejecutivo aseguró hace unas semanas que «España es casi el país más seguro del mundo» y que la criminalidad había bajado. Sánchez indicó que, gracias a la gestión de su Gobierno, centrada en la seguridad, ahora son «las calles más seguras». «No voy a decir del mundo, pero casi», presumió.

Después de estas declaraciones, un grupo de diputados del PP, encabezado por Ana Vázquez, portavoz de Interior del partido, preguntó al Gobierno el origen de estos datos. Concretamente, se interesaron por la «razón por la que el Presidente del Gobierno, en su declaración realizada el día 28/07/2025, manifestó que la criminalidad ha bajado desde que él ha asumido dicho cargo, cuando según datos del Ministerio del Interior desde el año 2017 hasta el 2024 los delitos han aumentado, así como persona del ministerio que supervisó la citada declaración».

El Gobierno, a través de una respuesta por escrito, alega, por un lado, que «la población residente en España en enero de 2018 era de 46,65 millones», según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, detalla que «en enero de 2025, la población ha pasado a ser de 49,10 millones». Por ello, cuenta que «esto implica un incremento de la población residente de 2,45 millones de personas, lo que supone un incremento del 4,1% en ese periodo».

Por otro lado, ha admitido un «incremento del 3,4%» en las «cantidades absolutas» de «criminalidad convencional»: «Pasó de 1.928.385 infracciones penales conocidas a 1.989.405».

«Si se pone en correlación las cifras de población con las infracciones conocidas en el año 2017, se puede ver cómo en enero de 2018 las infracciones penales conocidas eran de 41,34 casos por mil habitantes, mientras que en enero de 2025 respecto a las infracciones penales conocidas en 2024 era de 40,52 casos por mil de habitantes», ha comparado el Ejecutivo socialista en su respuesta.

De ese modo, aunque admite que el número de delitos ha aumentado, utiliza el dato de la criminalidad relativa para tratar de justificar que, a pesar de que la población ha aumentado, no lo han hecho al mismo nivel las infracciones que ha registrado el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Todo ello, con los datos que ha manejado el Gobierno, «supone una disminución del índice de criminalidad convencional».

Aumento por «los millones de turistas»

El Gobierno, en otra respuesta parlamentaria, atribuyó el aumento de criminalidad foránea a «los millones de turistas que visitan España» y a «residentes extranjeros regulares». De ese modo, el Ejecutivo niega que haya una «relación entre inmigración ilegal masiva y criminalidad».

La Administración central trasladó su posición a través de una respuesta parlamentaria tras la iniciativa de los diputados de Vox Francisco Javier Ortega Smith e Ignacio Gil Lázaro. Los representantes del partido de Santiago Abascal se habían interesado por conocer los «motivos por los que el Gobierno niega» que exista «relación entre inmigración ilegal masiva y criminalidad».

El Gobierno tildó la pregunta de la formación de Abascal como un «intento» de «crear alarma social». «No existe correlación entre el incremento de los índices de la delincuencia y el incremento de la inmigración irregular», se apostilló en la respuesta del Gobierno de Sánchez.

«El hecho de que en las estadísticas de criminalidad conste la ciudadanía extranjera no significa que la persona sea migrante, ni que siendo migrante sea irregular», valoraba el Ejecutivo socialista.

Y es que el Gobierno sostenía que «el dato refleja simplemente que la ciudadanía no es española». Por tanto, el Ejecutivo concluyó que las cifras crecientes de crímenes cometidos por extranjeros no sólo podrían ser cometidos por menas o foráneos que han llegado ilegalmente, sino por «residentes extranjeros regulares» o por «alguno de los millones de turistas que visitan España (más de 93 millones en 2024), muchos de ellos ciudadanos de la Unión Europea».

«Además, se señala que estos datos no implican culpabilidad o condena, ya que tal circunstancia la establecen los órganos judiciales», añade en su respuesta parlamentaria. «Por lo tanto, no existe una correlación entre inmigración y delincuencia», concluía el Ejecutivo.