El Gobierno lleva un año sin elegir a la autoridad que debe proteger a los denunciantes de corrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva un año sin elegir a la autoridad que debe proteger a los denunciantes de corrupción. El pasado 20 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó una ley para proteger a las personas que informan de corrupción que aún no se ha aplicado, puesto que no se ha nombrado a la autoridad de protección del informante prevista en este texto. Esta situación deja a los denunciantes de corrupción en un limbo contrario al Derecho Europeo. Mientras se exigió a las empresas crear canales para denunciar corrupción, el Gobierno no cumple con su cometido de nombrar a la institución que proteja a estos denunciantes.

Hace poco más de un año, la Cámara Baja aprobó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Este texto, que entró en vigor el 13 de marzo de 2023 y consta de 68 artículos, tenía como objetivo facilitar los canales de denuncia. Además, la ley prohibía las represalias contra los denunciantes así como asesoramiento, asistencia legal y jurídica, y apoyo financiero y psicológico a los informantes. La ley también protegería la confidencialidad de la fuente y se garantizaría la presunción de inocencia.

Sin embargo, doce meses después de votación, los denunciantes de corrupción están desprotegidos a pesar de que el Parlamento aprobó una ley que debía defenderles. De este modo, quienes informan de corrupción pueden sufrir graves represalias por su acción en favor del interés general, y aún no disponen de una autoridad de protección, ni mucho menos de asesoramiento, para poder hacerlo.

El Consejo de Ministros es el organismo que debe nombrar a esta persona a propuesta del Ministerio de Justicia presidido por Félix Bolaños. Esta autoridad debe actuar como canal de denuncia externo a las administraciones públicas o empresas privadas afectadas, asesorar a los potenciales denunciantes de corrupción y protegerles frente a posibles represalias. Además, cuenta con potestad sancionadora para vigilar los incumplimientos de la ley. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha nombrado a nadie.

«La falta de una autoridad independiente de protección va en contra de la generación de confianza de potenciales informantes de corrupción, que desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir abusos y prácticas corruptas. El Ministerio de Justicia debe cumplir la ley», explica tajante Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, que ha denunciado este incumplimiento por parte de Justicia.

No es la primera vez que existe un incumplimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en torno a este texto legal, según ha denunciado Hay Derecho. La ley vio la luz en trasposición de una directiva europea que daba de plazo hasta el 17 de diciembre de 2021 para aprobarse; sin embargo, España dilató los tiempos y dicho retraso llevó a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción a España.

Las empresas cumplen

Al margen de que aún no exista autoridad que proteja a los denunciantes de corrupción, la ley también prevé la creación de canales internos de información para denunciar estas prácticas. Las empresas de más de 50 trabajadores y entidades públicas debían cumplir con estos canales éticos que servirán para denunciar irregularidades dentro de las compañías. Desde el Gobierno se les exigió un plazo obligatorio para poner en marcha estos canales internos que han tenido que satisfacer.

Mientras las empresas cumplen, el Gobierno no. Estos canales de denuncia dependen de la todavía inexistente autoridad que debe proteger a los denunciantes. La ley dejaba previsto que esta autoridad operara en el ámbito nacional y que tuviera autoridades análogas a nivel autonómico. Sin embargo, ninguna de las autoridades está ya nombrada por el Ejecutivo de Sánchez.

«No es admisible que se exija más a ciudadanos y empresas corrientes que al propio Gobierno, que es el responsable legal de que llevemos un año sin autoridad de protección a denunciantes de corrupción», explica la directora general de la Fundación Hay Derecho, Safira Cantos. Y prosigue tajante: «España está dejando pasar una oportunidad única de generar confianza ante potenciales denunciantes de corrupción. Traspuso la directiva europea tarde y ahora ni tan siquiera se cumple la ley». Un año más tarde, aún no se aplica la ley que fue aprobada por las Cortes.