El Gobierno demora hasta 8 meses la concesión de asilo y colapsa los centros para ilegales de Madrid

Los anuncios de Pedro Sánchez luego no se traducen en hechos. Pese a que el Ejecutivo socialista fomenta la llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país, lo cierto es que, cuando llegan, se desentiende de su situación. Esto se traduce en que muchas de estas personas tienen que estar esperando hasta ocho meses para poder conseguir una cita para el asilo que les concede el Gobierno. ¿Y qué pasa durante todo ese tiempo? Que son los centros de emergencias del Ayuntamiento de Madrid los que se encargan de su manutención, algo que está derivando en una situación de colapso.

La atención a solicitantes de protección internacional es una competencia que corresponde al Gobierno de España. No obstante, el Ayuntamiento de Madrid colabora ofreciendo una estancia temporal a estas personas en centros propios hasta que el Ministerio las deriva a sus instalaciones.

De forma continuada en el tiempo, esta atención municipal, que debería ser transitoria, se está prolongando y cronificando en el tiempo al no darse la fluidez requerida por parte del Gobierno. El tiempo medio de estancia de los solicitantes de asilo en centros municipales como Las Caracolas es de unos 50 días, habiéndose registrado estancias que superan los 232 días, es decir, casi 8 meses.

«Si el Gobierno central no drena, el Ayuntamiento pierde su capacidad de dar entrada a nuevas personas que están tramitando esta condición de solicitante de asilo. En consecuencia, nuestros recursos están prácticamente al 100% de ocupación», apuntan desde el área de Servicios Sociales del Consistorio madrileño.

Más inversión en estos centros

El centro de emergencia temporal Las Caracolas se consolida como un recurso estable de la red de atención a personas en situación de emergencia social del Ayuntamiento de Madrid. La Junta de Gobierno autorizaba el pasado mes de marzo destinar un importe de 8,6 millones de euros al contrato de gestión integral de este equipamiento para los años 2025 y 2026, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz. Más de 2.500 usuarios recibieron alojamiento, apoyo profesional y acompañamiento social en sus instalaciones en el año 2023.

El dispositivo, ubicado en Villa de Vallecas, consta de 300 plazas, distribuidas en 32 construcciones prefabricadas. Un total de 180 plazas se destinan a paliar la emergencia social o residencial de personas o familias empadronadas en la ciudad o de paso por la misma y las otras 120 a solicitantes de asilo y refugio que llegan a la capital en circunstancias claras de desprotección social y carentes de cualquier recurso habitacional hasta que acceden al sistema de Protección Internacional del Ministerio del Interior, la administración competente en esta materia.

En Las Caracolas se asegura la cobertura de las necesidades básicas de los usuarios: tanto el alojamiento como la alimentación, el aseo -incluyendo productos de higiene femenina y pañales- y la consigna. Además, se dispensa la atención social necesaria a cada unidad familiar para el restablecimiento de su situación, se facilita un servicio de información, orientación y asesoramiento de carácter social y se proporciona abono de transporte público a los residentes.

Llegadas de menores

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado que mantiene el seguimiento de la recomendación al Ministerio de Asuntos Exteriores para que «se refuercen los medios materiales y humanos de los consulados en Marruecos, a fin de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional puedan tramitar sus visados, sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada».

En estos dos últimos años ha prestado «particular atención» a la situación provocada en Canarias por el aumento de llegadas irregulares, casi 40.000 personas en 2023, año en el que los traslados a la Península «se intensificaría, por lo que las quejas se refirieron a los recursos de acogida y a la existencia de posibles menores que no habían sido correctamente identificados», unos retos que, según ha avisado Gabilondo, «se han hecho más urgentes en este primer semestre del año, ya que se han incrementado las llegadas, a la par que se han agudizado los conflictos en países como Mali o Senegal».

El Defensor ha puntualizado que los derechos humanos exigen activar los recursos necesarios a nivel estatal y en cada una de las comunidades autónomas y ha incidido en que la gestión de la acogida de aquellas personas que por diversos motivos no pueden ser expulsadas o devueltas «sigue siendo un reto».

En lo relativo a las salas de rechazos y solicitantes de protección internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, objeto de numerosas actuaciones, visitas y resoluciones en estos dos últimos años, ha indicado que, a pesar de las mejores registradas, «persisten los problemas de acondicionamiento, gestión y, lo que es más grave, del cumplimiento de los plazos de formalización de las solicitudes de protección internacional».