Multa de 15.000 euros por empadronamientos fraudulentos de inmigrantes ilegales en Mallorca

Agentes de la Policía Nacional destinados a la localidad de Manacor, en Mallorca, han propuesto multar con 15.000 euros a un hombre que empadronaba a inmigrantes en situación irregular en su domicilio en el municipio mallorquín de Ariany.

Los hechos comenzaron a investigarse el pasado mes de mayo del presente año cuando el Subgrupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional en Manacor, recibió información sobre un ciudadano español que, al parecer, estaba facilitando empadronamientos de forma fraudulenta a extranjeros en situación irregular en España.

Durante la investigación se determinó que era en el municipio de Ariany (Mallorca), donde esta persona estaba realizando los empadronamientos supuestamente irregulares, por lo que se consultó con el Ayuntamiento de dicha localidad que colaboró con los agentes para aclarar todos los extremos de la investigación.

Una vez realizadas todas las pesquisas necesarias, se confirmó que el ciudadano en cuestión estaba empadronando extranjeros para que estos tuvieran acceso a diferentes servicios del Ayuntamiento y del Govern Balear, tales como servicios médicos, tarjeta sanitaria o tarjeta de transporte gratuito. Es el primer trámite para alcanzar la regularización en el país, ya que el empadronamiento es el documento público oficial exigible para que un extranjero en estado irregular se regularice en España, por cualquier tipo de arraigo.

Así pues, estos extranjeros empadronados aunque en realidad no estaban residiendo en el domicilio que figuraban empadronados, se encontraban obteniendo beneficios de ese empadronamiento, por lo que se procedió a incoar un expediente de multa al propietario de esta vivienda, por un importe de 15.000 euros.

Una vez sancionado, se procedió a requerir al Ayuntamiento para que diera de baja automática a los empadronados fraudulentamente, ya que no se encontraban residiendo en la vivienda.

La Policía Nacional se encuentra realizando una amplia campaña para localizar y sancionar a personas que empadronan irregularmente a extranjeros, sobre todo a los que cobran por dichas gestiones, con el fin de que nadie se beneficie de dicha actividad ilícita.

El empadronamiento fraudulento de inmigrantes ilegales se está extendiendo en Mallorca en los últimos años, dado el incremento de llegada de pateras a las costas de Baleares. Así el pasado mes de abril la Policía Nacional sancionó con 10.000 y 15.000 euros, respectivamente, a dos vecinos de Llucmajor (Mallorca) por empadronar a 65 personas de origen magrebí y subsahariano en dos viviendas, 37 en una y 28 en un estudio con una habitación.

Hay casos en los que se ha descubierto que los inmigrantes abonan por el empadronamiento entre 150 y 200 euros, tal y como revelaron los marroquíes registrados ilegalmente en un domicilio de la localidad de Sant Llorenç des Cardassar también el pasado mes de abril.

En concreto eran 14 personas las que habían sido inscritas como residentes en una vivienda particular. Tras la investigación realizada y con la documentación solicitada y aportada por el Ayuntamiento de dicha localidad, se pudo demostrar el empadronamiento de estas catorce personas en una vivienda de tan solo 70 metros cuadrados y dos habitaciones.

Desde este mismo mes de junio, la Policía Local de Palma tiene, entre sus cometidos, hacer visitas a domicilios para comprobar empadronamientos ilegales, tal y como aprobó el pleno municipal del pasado de mes de mayo. Una iniciativa de Vox que fue aprobada por el gobierno en minoría del PP y que contó con el rechazo de las formaciones de la izquierda (PSOE y Podemos) y los independentistas de Més.

Para detectar posibles casos fraudulentos se fija la necesidad de que la Policía Local trabaje en colaboración con otras instituciones y organizaciones, como los servicios sociales y organismos de inmigración, para compartir información relevante y coordinar esfuerzos en la detección y prevención de empadronamientos ilegales.

Para poder realizar este trabajo de inspección e investigación, la moción insta a la dirección del Cuerpo de la Policía Local a realizar controles de identidad y verificar la documentación de las personas para confirmar su estatus migratorio. Esto se llevará a cabo dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y respetando los derechos fundamentales de las personas.