La izquierda se opone a que el Ayuntamiento de Palma persiga el empadronamiento fraudulento

La izquierda rechaza que el Ayuntamiento de Palma liderado por el alcalde del PP, Jaime Martínez, tome medidas y persiga el empadronamiento fraudulento. Los partidos que conformaron el anterior equipo de gobierno de socialistas, separatistas de Més y Podemos hasta las elecciones del pasado 28 de mayo, han votado en contra de una moción de Vox apoyada por el gobierno en minoría del PP, en la que se insta al Consistorio a «tomar las medidas oportunas», contra esta práctica delictiva.

Los socialistas y sus socios en Palma parecen más interesados y próximos a colectivos como okupas e inmigrantes irregulares, que comprometidos en combatir estas prácticas fraudulentas, cada vez más extendidas en la capital balear y resto de municipios de las Islas.

De hecho, en fechas recientes, la Policía Nacional detuvo en Palma a un español y tres marroquíes que se dedicaban a captar ciudadanos de este país para empadronarlos de forma fraudulenta a cambio de hasta 600 euros, siendo acusados de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y descubrimiento y relevación de secretos.

La inscripción en el padrón acredita ser vecino del municipio, y sirve para acceder a distintos derechos como la regularización o permisos de residencia y trabajo, solicitar la tarjeta sanitaria, acceder a los servicios ayudas y prestaciones municipales, sin que exista además, limitación alguna respecto al número de personas que pueden estar empadronadas en un domicilio, si todas ellas, residen de manera efectiva en el mismo.

Se da además el caso de que si la vivienda está alquilada, el propietario no puede controlar el número de personas empadronadas, y al rescindirse el contrato de arrendamiento, se puede encontrar que existen personas ajenas al inquilino y familia, empadronadas en su casa sin poder darlos de baja.

Hay casos de hasta 24 personas empadronadas en un piso en Palma de forma fraudulenta después cambiar de domicilio, y el propietario se encuentra con el problema de tenerlos inscritos en su vivienda, sin contrato de alquiler, y en otras ocasiones, hasta falsificado.

Por ello Vox ha propuesto que se exija para poder empadronarse, además del contrato de la vivienda, la cédula de habitabilidad de la misma. Todo ello con el objetivo de adecuar así el número de personas que pueden inscribirse como residentes, y que el Ayuntamiento no autorice a empadronar a más gente de la autorizada en ese documento.

La normativa además indica que el Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los vecinos, exigiendo al efecto la presentación de los documentos que acrediten su identidad, y el domicilio en el municipio.

Por ello el portavoz y número uno de Vox en Palma, el concejal Fulgencio Coll, exige al gobierno municipal del PP que, cuando existan indicios que hagan dudar de que se vaya a establecer la residencia en el municipio, o de alguno de los datos declarados, antes de proceder al alta o la modificación de datos en el padrón, el Ayuntamiento ordene los trámites para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud. Toda una serie de medidas en contra el empadronamiento fraudulento que la izquierda ha rechazado en Palma en la comisión previa al pleno que celebrará este jueves día 30 el Consistorio palmesano.