El Gobierno del PNV culpa a la Guardia Civil de 1.000 falsas torturas en la asignatura sobre ETA

La «memoria reciente» del País Vasco, con especial atención a la historia de ETA, que el Gobierno de Íñigo Urkullu quiere llevar a las aulas el próximo curso, arremete contra las Fuerzas de Seguridad del Estado a partir de hechos falsos. Los contenidos de la asignatura se basarán fundamentalmente en la proyección de la serie documental Las Huellas Perdidas (Oinatz Galduak), ya emitida por la televisión autonómica EiTB, donde, por ejemplo, se atribuye a la Guardia Civil un millar de supuestos casos de torturas durante la década de los ochenta.

«No podemos ser neutrales cuando se se trata de vulneraciones de derechos humanos. Este informe es un proyecto de investigación del Gobierno vasco. En él se han documentado 3.587 casos de tortura. Casi mil de ellos sucedieron en la década de los ochenta», se dice en la cinta. Y acto seguido se formula a Francisco Etxeberria, que «en los años ochenta empezó a trabajar como médico forense y a visitar a los detenidos en comisaría», la siguiente pregunta: «¿Qué sentías cuando ibas a la Comandancia de la Guardia Civil en Intxaurrondo en los ochenta?», le dice la entrevistadora.

El forense, sin embargo, se limita a decir que hubo «algunos casos claros, rotundos, que acaban con juicio y con sentencias condenatorias». Y recuerda un caso, el de Olano Balda, que, también matiza, no fue en Intxaurrondo, sino en otras dependencias de la Guardia Civil en el barrio del Antiguo de la capital guipuzcoana.

De esos 3.587 supuestos casos de torturas, sólo se han documentado 20 sentencias firmes con 31 agredidos y 49 condenados

De esos 3.587 supuestos casos de torturas, sólo se han documentado 20 sentencias firmes con 31 agredidos y 49 condenados, incluida la causa de Olano Balda. Este estudio encargado en 2014 por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco a Exteberria no se ajusta, por tanto, a la realidad de la época, máxime cuando la organización terrorista ETA ordenaba a sus miembros que denunciaran torturas policiales en cuanto fueran detenidos. El informe atribuye 271 casos a la Ertzaintza, 1.319 a la Policía Nacional y 1.174 a Guardia Civil. Los principales sindicatos de estos Cuerpos han denunciado la falta de objetividad de esos trabajos.

Con todo, Exteberria señala en la cinta que «las víctimas de ETA han tenido un reconocimiento institucional y les falta el reconocimiento social. Ahora vayamos a otras víctimas, que también existen y muchas. Ahí resulta que el reconocimiento social ha podido existir, pero no el institucional». Este forense fue propuesto por EH Bildu para formar parte del la dirección del Instituto vasco de la Memoria.

Esa misma Secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo peneuvista es la que presentó el pasado jueves el proyecto Herenegun! («Anteayer») para llevarlo inicialmente a «un número aproximado de 8 centros educativos, seleccionados de entre centros públicos y concertados» durante el curso escolar 2018/2019. El objetivo de Urkullu es trasladarlo al resto de colegios de la comunidad en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato antes de que finalice la presente legislatura.

El documental Huellas Perdidas, que abarca de 196o a 2011, tiene una duración total de cinco horas aunque a los escolares se proyectará una versión reducida de cinco capítulos de alrededor de 22-23 minutos en la clase de Historia.

Equidistancia

El cuaderno de presentación que distribuyó el jueves el Gobierno vasco también muestra ese relato eufemístico de equidistancia entre las 858 víctimas de ETA y sus verdugos que los nacionalistas impondrán a los escolares. Se dice, por ejemplo, que «ETA no ha sido la única causante de acciones violentas o terroristas en este periodo. Gravísimas vulneraciones de derechos humanos han procedido de organizaciones ultras o parapoliciales como BVE, GAL o similares, y del abuso ilegítimo de poder. Estas violencias han costado la vida de alrededor de 155 personas. Este material educativo abordará esta realidad que, lógicamente, debe tenerse en cuenta desde un punto de vista ético e historiográfico», añade el documento.