El Gobierno da la razón al líder de los rezos de Ferraz: finalmente archiva dos sanciones de 1.200 €

La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido finalmente archivar dos expedientes sancionadores que se habían iniciado contra el promotor de las protestas en forma de rezos realizadas los días 3 y 4 de enero de 2024 frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Tal como ha podido saber OKDIARIO, la decisión administrativa pone fin a dos procedimientos que podría haber supuesto multas de hasta 2.400 euros en total a Jose Andrés Calderón, célebre por ser el impulsor de los rezos del Rosario en la citada calle madrileña.

Los expedientes se originaron a raíz de dos concentraciones consecutivas contra la Ley de Amnistía. La primera protesta tuvo lugar el 3 de enero, y la segunda al día siguiente, ambas en la confluencia de la calle Ferraz con la calle Marqués de Urquijo de Madrid. El dispositivo policial desplegado se fundamentaba en una orden de servicio, emitida por la Delegación del Gobierno el 2 de enero de 2024, que establecía expresamente la prohibición de invadir tanto ambas calles por parte de los manifestantes. El delegado del Gobierno es Francisco Martín, cargo del PSOE madrileño y de la confianza de Pedro Sánchez.

En este punto, tras los rezos en la escalinata de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, la Dirección General de la Policía formuló denuncia ante la Delegación del Gobierno contra el manifestante mencionado. Le acusaban de ser el presunto responsable de una infracción administrativa tipificada como «grave» la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida por la izquierda despectivamente como ley mordaza. Esta infracción se refiere específicamente a la «desobediencia a los agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones».

Las actuaciones policiales se sustentaban en varios artículos de esa Ley y de otros tantos de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que regulan las actividades preventivas e indagatorias de hechos delictivos.

En el acuerdo de iniciación de ambos expedientes, firmado el 22 de marzo de 2024, se establecía una sanción inicial de 1.200 euros para cada caso, designándose como instructor a un jefe de Servicio de la Delegación del Gobierno.

«Desapareció del lugar»

La resolución de archivo, firmada por la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad Núñez, y notificada recientemente, se fundamenta en las propias evidencias recogidas en el parte de intervención policial. En el caso del primer expediente, se señala expresamente que «según el propio parte de intervención de los agentes denunciantes, el convocante se desvincula de la misma en todo momento, siendo que desaparece del lugar nada más terminar el citado rezo».

Para el segundo expediente, la argumentación es similar, indicándose que «según el propio parte de intervención de los agentes denunciantes el convocante, una vez finalizado el rezo abandona la cabecera de la concentración y desaparece del lugar».

El procedimiento administrativo se ha desarrollado en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de que se hubiera continuado con la sanción, el expedientado habría tenido la opción de acogerse a un procedimiento abreviado con una reducción del 50% del importe de la multa, quedándose en 600 euros cada sanción, tal como reflejan los documentos de pago que se habían preparado.

Dos sanciones vivas

Precisamente las fuentes consultadas indican que hay otros dos expedientes abiertos en los que la Delegación del Gobierno por ahora no dan la razón al denunciado. Esas dos sanciones por los hechos en Ferraz están aún en vía administrativa, en el Ministerio del Interior, y previsiblemente pasarán a la vía judicial contenciosa.

La normativa administrativa prevé la posibilidad de interponer recurso de alzada ante el Ministro del Interior en el plazo de un mes desde la notificación. Posteriormente, podría acudir, si no le dan la razón, a los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz fueron un gran altavoz del gran descontento social contra la Ley de Amnistía, una de las medidas más controvertidas del actual gobierno de Pedro Sánchez. La decisión de archivar estos expedientes sancionadores se suma a otros similares. No obstante, quedan varios investigados a los que la Fiscalía especial contra delitos de odio pide 2 años y medio de cárcel. Paradójicamente, estos manifestantes no podrán acogerse al borrado penal que ha conferido la Ley de Amnistía a los agitadores callejeros en Cataluña que incendiaron esa región porque no conseguían la independencia.