Exhumación Franco

El Gobierno contrata por 11.000 € a una empresa para exhumar a Franco

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con la operación para sacar al dictador Franco del Valle de los Caídos, pese a que el asunto está en manos del Tribunal Supremo.

OKDIARIO accede al nicho que Sánchez ha construido en El Pardo para enterrar a Franco

Vídeo: OKDIARIO

El Gobierno sigue adelante con sus planes para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pese a que la cuestión está ahora en manos del Tribunal Supremo -que habrá de decidir si autoriza la exhumación, tras suspenderla de forma cautelar- el Ejecutivo socialista ha contratado ya a una empresa para que se ocupe de los trabajos. El coste asciende a 11.709,17 euros. 

Así consta en la respuesta del Ministerio de Presidencia, de Carmen Calvo, a una petición de información a través del Portal de Transparencia, y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La solicitud pretendía conocer «el coste final de los trabajos necesarios para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos» así como de «la posterior inhumación en el cementerio de El Pardo».

La Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad resuelve que «en lo que se refiere al coste final de los trabajos de exhumación, cabe señalar que respecto de las actuaciones que corresponden a este departamento, se ha suscrito un contrato con una empresa que se encargará de las labores de exhumación y traslado de los restos mortales».

Y añade que «el presupuesto de adjudicación para las actuaciones referidas que consta en dicho contrato asciende a 11.709,17 euros, IVA incluido». Asimismo, el departamento de Calvo remite el expediente al Ministerio de Hacienda para que responda, en su competencia, sobre «la parte relacionada con la inhumación».

El Gobierno de Sánchez sigue actuando al margen del Supremo, que tiene aún que decidir sobre el fondo del asunto

Al margen del Supremo

La respuesta constata que el Ejecutivo de Sánchez, ahora en funciones, avanza con los trámites para sacar a Franco del Valle de los Caídos, aún cuando el Supremo no ha dirimido sobre la cuestión.

El Gobierno se ha visto obligado en varias ocasiones a desistir de sus planes para la exhumación por los varapalos judiciales. De hecho, cabe recordar que, hace justo un año, el propio Sánchez se comprometió a sacar los restos durante el verano, algo que no se ha producido doce meses después. En su último intento, el Ejecutivo llegó a fijar por decreto una fecha para la exhumación, el pasado 10 de junio.

Sin embargo, esa pretensión quedó obsoleta por la decisión del Supremo de acceder por unanimidad a la petición de la familia para paralizar la operación.

Los cinco magistrados de la sección cuarta determinaron que seguir adelante, mientras no haya una sentencia firme sobre el fondo del asunto, podría ser «extraordinariamente perjudicial no sólo para los recurrentes, sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso». El tribunal dio además «un plazo razonable» para decidir sobre el fondo del asunto.

Desde el Gobierno no se tira la toalla. «Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco», expresó La Moncloa en un comunicado. 

Trabajos en El Pardo

El procedimiento es aún más complejo de lo que parece. Al margen de lo que determine el Supremo, la exhumación, como publicó OKDIARIO, precisa aún de la licencia urbanística -expedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial- que fue paralizada por un juez de Madrid. El intento de la Abogacía del Estado de recusar a este magistrado cayó en saco roto hace unos días, de forma que el Gobierno tendría que obtener una nueva licencia y ahora el Consistorio está gobernado por el PP.

Los trabajos de la exhumación, según las fuentes consultadas, contradicen las propias normas urbanísticas del Ayuntamiento, así como el Catálogo de Bienes Protegidos, que conceden a la Basílica del Valle de los Caídos el grado de protección integral, el máximo posible.

A finales de mayo, y antes de que el Supremo accediese a las medidas cautelares, este periódico ya avanzó que Sánchez había puesto a trabajar a un equipo de operarios en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo para tener listo el nicho donde enterrar al dictador. Los operarios fueron contratados por la Administración central para realizar dichas labores, ya que, desde el 11 de mayo, el Estado es titular del panteón donde también se encuentra enterrada la mujer de Franco, Carmen Polo.

La última polémica relacionada con la exhumación llegó este mismo lunes, a cuenta de las declaraciones del nuncio, Renzo Fratini, en las que acusaba al Ejecutivo de «resucitar a Franco» y esconder «motivos ideológicos» en la exhumación.

Desde el Gobierno se avanzó que, en los próximos días, se trasladará una queja al Vaticano. «Es una injerencia evidente. Un comportamiento absolutamente inaceptable», declaró la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.

La postura oficial del Vaticano es que la exhumación del dictador es un asunto entre el Gobierno y la familia en el que no van a interferir. Sin embargo, la Santa Sede ya rectificó hace unos meses la versión del Gobierno en la que se afirmaba que estaban de acuerdo en buscar una alternativa a la catedral de La Almudena, el lugar en el que la familia Franco quiere enterrar, en su caso, al dictador.

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