El Gobierno considera la «desinformación» una «grave amenaza» para las elecciones

El Gobierno ha puesto en marcha el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, un órgano cuyo objetivo es controlar la «desinformación» que, según Moncloa, supone «una amenaza y riesgo para la Seguridad Nacional». «Dichas campañas buscan polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones y suponen, además, una grave amenaza para los procesos electorales», se recoge expresamente en la orden en la que se acuerda su constitución.

El Gobierno esgrime, en este sentido, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, aprobada el pasado mes de diciembre y que por primera vez considera la «desinformación» como una «amenaza» para la seguridad del Estado.

«En algunos países, la crisis económica ha estado acompañada de una crisis social y política, alentada por campañas de desinformación y desestabilización que pretenden erosionar las instituciones, influir en los procesos democráticos y alentar la polarización», recoge dicho informe. Según el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia, «las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado». «Los elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque». La «desinformación» es considerada así una «amenaza» para la Seguridad Nacional al nivel de otras como los conflictos, el terrorismo o el crimen organizado.

Polémica

Este polémico órgano se une al Procedimiento de actuación contra la desinformación que se aprobó en octubre de 2020 y que levantó fuertes suspicacias en los grupos de la oposición. Las propias asociaciones de periodistas respondieron avisando que ese intento de control podría derivar en censura. En dicho procedimiento se admitía como uno de los propósitos «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación y se contemplaba la «monitorización y vigilancia» de los medios. Un punto que fue ampliamente criticado.

El nuevo órgano de control estará integrado por seis personas en representación de la Administración General del Estado, empleadas y empleados públicos con nivel 28 o superior, y diez personas en representación de organismos de la sociedad civil procedentes del ámbito académico, del sector privado y de asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro.

El Foro será presidido por «la persona titular del Departamento de Seguridad Nacional», actualmente el general Miguel Ángel Ballesteros. La vicepresidencia será ejercida por una persona designada en representación de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Como vocales habrá cuatro personas en representación de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Defensa, del Interior, y de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

También habrá diez vocales, que serán «personas en representación de la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado», propuestas por las autoridades y organizaciones de cada ámbito, y nombradas por la persona titular de la presidencia, el director del Departamento de Seguridad Nacional.