El Gobierno coloca como alto cargo de Puertos del Estado a un imputado por falsificar firmas de contratos

El Gobierno colocó el pasado 1 de diciembre como alto cargo de Puertos del Estado a Pedro García Navarro, imputado por falsificar firmas de contratos. El caso se sigue en el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao. Fuentes cercanas al proceso aseguran que las diligencias se iniciaron a raíz de la querella que interpuso una empleada de baja que denunció que se estaba suplantando su firma para rubricar documentación de la empresa logística Berge en la que García Navarro era director.

El juez admitió a trámite la querella e incoó contra Pedro García Navarro diligencias previas por un presunto delito de falsedad documental. Ahora, Pedro García Navarro ha sido nombrado nuevo director de Explotación de Puertos del Estado, uno de los máximos puestos ejecutivos que conforman la cúpula de este ente público estatal.

Los escándalos en el gestor portuario dependiente del Ministerio de Transportes no cesan. El ministro Óscar Puente prescindió por su vinculación con el caso Koldo del que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Lo destituyó el pasado mes de agosto. Sánchez Manzanares también ha sido recientemente condenado por el Tribunal de Cuentas por un caso de sobresueldos. El ministro decidió prescindir del directivo tras conocerse su imputación en la Audiencia Nacional; sin embargo, ahora ha sido colocado en la cúpula de Puertos del Estado otro imputado en un proceso penal.

Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez ve indicios de delito en ciertos contratos que se firmaron desde la empresa Berge. «Los hechos que son relatados en la querella revisten en principio los caracteres de un delito de falsedad documental (artículo 390 y siguientes del Código Penal), en tanto que se afirma (y se aportan documentos que en principio sustentan indicios suficientes para iniciar una investigación penal) que la firma de la querellante habría sido falsificada, estando firmados numerosos documentos o autorizaciones sin contar con su voluntad», expone el juez en un auto en poder de este periódico.

Pedro García Navarro obtuvo el puesto de alta dirección al frente de Explotación en el ente público tras superar un proceso de selección. García Navarro es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, graduado en Derecho y diplomado en Alta Dirección de Empresas. Su trayectoria profesional lleva décadas ligada al sector marítimo y portuario.

Declaró como investigado

Previamente a su nombramiento, Pedro García Navarro declaró el pasado mes de septiembre en los tribunales ante el juez. Lo hizo en calidad de investigado, acompañado de su abogado y por videoconferencia.

El acta de su testifical, en posesión de OKDIARIO, revela que declaró ser el director general de negocios de la empresa en la que presuntamente se falsificaron las firmas. Dijo además haber conocido los hechos con posterioridad a la interposición de la querella que originó el procedimiento penal.

La declaración de Pedro García Navarro no ha sido la única acordada por el juez. El tribunal citó a testigos el pasado mes de noviembre y se han señalado nuevas declaraciones del personal de la empresa Bergé el próximo mes de enero. En concreto, el juez ha citado a los comparecientes para el próximo 8 de enero a las 12.30, 12.45 y 13.00 horas.

Directivos de Puertos del Estado

A la cúpula directiva de Puertos del Estado procesada también se suma la socialista canaria Ornella Chacón, tal y como desveló OKDIARIO. El Tribunal de Cuentas la condenó por haber consentido que una alta asesora de Puertos del Estado cobrara suplementos salariales sin respaldo legal efectivo y que jamás le reclamaron pese a existir resoluciones en firme que declararon irregulares esas retribuciones. Quien percibió las retribuciones fue contratada como directora de la Asesoría Corporativa, pero después se le asignaron funciones extra.

En vez de hacerle un contrato nuevo, la dirección de Puertos se despachó el asunto firmando una adenda a su contrato inicial, algo que la Intervención General del Estado no vio procedente para respaldar el aumento retributivo. Acabó considerándolo un exceso salarial no ajustado a la ley. Aquello desató un contencioso jurídico entre Puertos del Estado –que defendía esas retribuciones extra– y la Intervención General del Estado. Finalmente, Ornella Chacón ha acabado condenada y tiene que devolver a Puertos del Estado los 32.704,89 euros que el ente pagó de más a la ex asesora.