El Gobierno acusa al Supremo de atacar la democracia por suspender el voto de los ‘nietos’: «Los derechos no se restringen»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acusado al Tribunal Supremo de atacar la democracia por suspender el voto de los descendientes de las personas que salieron de España durante la Guerra Civil y la dictadura: «Los derechos no se restringen». Así se ha expresado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

La también ministra de Inclusión ha criticado la decisión del Alto Tribunal de mantener la suspensión cautelar del voto de los extranjeros que han obtenido la nacionalidad española por la llamada Ley de Nietos sin acreditar que sus padres o abuelos se exiliaron por motivos políticos durante el franquismo. Esta decisión afecta a 163.000 nacionalizados que están ya inscritos en el censo electoral.

A ojos de Sáiz, con ese auto «se restringe uno de los derechos fundamentales». «En una democracia, el derecho a voto se garantiza y no se restringe», ha indicado la política socialista. Por todo ello, la portavoz ha descrito la situación que crea esta decisión como «de extraordinaria gravedad».

Pese a que el auto del Supremo se conoció este lunes, día festivo al ser la Fiesta Nacional de España, el Gobierno asegura que no ha tenido tiempo de valorar el contenido: «Acabamos de conocerlo». En todo caso, admiten que el siguiente paso «se está estudiando por parte de la Abogacía del Estado».

«Cuestión compleja»

En privado, miembros del Gobierno reconocen que la situación es una «cuestión compleja». Respecto a quién puede ahora recurrir esta decisión, se limitan a decir que «legitimación la tiene quien la tiene», es decir, los nacionalizados afectados: «El Estado no tiene legitimación». En esa misma línea, indican que el Gobierno «acata la sentencia»: «Ahora veremos qué se puede hacer».

Además, tratan de defender su posición de que esos ciudadanos «son personas que votaron en procesos de 2023 y 2025». «Si algunas personas vivieran en Barcelona, podrían votar y no en Montevideo», indican miembros del Ejecutivo.

Además, aclaran la dificultad que tiene la aplicación de la prohibición impuesta por el Supremo. «El cónsul tiene obligación de permitir votar a quien tenga derecho al voto», detallan desde Moncloa. Es decir, que la tarea de extraer del censo a los potenciales votantes sería una tarea compleja y dudan incluso de poder hacerlo antes de las próximas elecciones.

«Es gravísimo intentar introducir el concepto pucherazo en un sistema garantista», aseguran fuentes del Gobierno.

Nietos de presuntos exiliados

La exclusión afecta a quienes se beneficiaron de la instrucción que dictó el Ministerio de Justicia en 2022, tanto si ya estaban inscritos en el CERA como si todavía no lo estaban. Esa norma interna, firmada por la hermana de Óscar Puente, fue más allá de la ley y estableció que «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Según aquella Instrucción, bastaba con «acreditar la salida del territorio español», aunque el motivo no fuera político, ideológico, de creencia o de identidad sexual, como exige la Ley de Memoria Democrática.