El Gobierno duplicó el gasto en ayudas a las víctimas del franquismo un día después de convocar las elecciones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha duplicado el gasto en ayudas para las víctimas de la dictadura de Francisco Franco un día después del adelanto de las elecciones generales. Se trata de subvenciones para «personas fallecidas o con lesiones por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia». Estas ayudas las pueden cobrar los familiares de las víctimas del franquismo.

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Arcadi España, ha aprobado un acuerdo para ampliar en 1.979.170,01 euros el presupuesto para entregar ayudas a las personas fallecidas o lesionadas «por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia».

Este suplemento de crédito duplica la cantidad que se ha dispuesto hasta ahora en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para este fin. Estas cantidades que se ponen a disposición de la cartera encabezada por Ángel Víctor Torres proceden del Fondo de Contingencia.

Estas ayudas se establecieron definitivamente a través de un Real Decreto-Ley de marzo de este año. La norma, tal y como señala el propio Gobierno, «reconoce el derecho a una indemnización a favor de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia».

En un primer momento, se aprobaron «dos transferencias de crédito, por importes de 600.000 y 1.500.000 euros». Es decir, se movilizaron en un inicio 2,1 millones de euros para «hacer frente a las indemnizaciones derivadas de la aprobación» de este Real Decreto-Ley.

Sin embargo, desde el Ejecutivo apuntan que sólo quedan 6.369,48 euros disponibles para las subvenciones que aún quedan pendientes. Y, por ahora, la Comisión de Evaluación ha informado que hay «nuevos expedientes aprobados por importe de 485.539,49 euros» a los que habría que sumar otros por «una cuantía adicional de 1.500.000 euros».

«Por este motivo, para hacer frente al señalado gasto, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito por un importe de 1.979.170,01 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria», reza el Gobierno en la referencia del Consejo de Ministros que recoge todas las medidas adoptadas en la reunión de los titulares de cartera de este martes.

Indemnización de hasta 500.000 €

La indemnización que prevé la ley por fallecimiento es de 250.000 euros. Por  otro lado, las ayudas en caso de incapacidad permanente absoluta son de 180.000 euros, y de gran incapacidad, 500.000 euros.

Podrán solicitarlo los familiares de las víctimas, en primer lugar, los hijos y el cónyuge de la persona fallecida, si no estuviera separada legalmente, ni en proceso de separación o nulidad matrimonial. Asimismo, podrá ser persona beneficiaria aquella que hubiere venido conviviendo con la persona fallecida de forma permanente y con análoga relación de afectividad a la del cónyuge durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, podrán ser personas beneficiarias, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona conviviente.

Todo ello unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Lo hizo después de que decayesen en el Congreso los dos decretos de vivienda. Estas medidas fueron aprobadas por el Ejecutivo al calor de las movilizaciones por la crisis habitacional tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años con movilidad reducida desahuciada de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro.