El Gobierno se abraza al Supremo para salir limpio de Ceuta: no tomar la «mejor decisión» no es motivo de condena

El Gobierno de Pedro Sánchez está estudiando a fondo las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para anticiparse a cualquier repercusión penal que se le intente imputar por su actuación ante la crisis en Ceuta, ahora que hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a OKDIARIO que la doctrina del propio Tribunal Supremo establece que «no existe responsabilidad penal por el cargo que se ocupa».

Estas fuentes se abrazan a la jurisprudencia del alto tribunal para subrayar que «no sería la primera vez que alguien intenta querellarse contra el Gobierno…» y llevarlo ante la justicia penal. Citan concretamente dos casos relativamente recientes y ambos referidos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En primer lugar, ponen como ejemplo la querella que la Asociación Libertad y Justicia interpuso contra el titular de Interior, tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate, al ser arrollados por una narcolancha. La denuncia invocaba cuatro presuntos delitos: infidelidad en la custodia de documentos públicos, prevaricación administrativa, delitos contra los derechos de los trabajadores en materia de seguridad laboral, obstrucción a la justicia y ocultación de pruebas.

Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó un auto en el que inadmitió la querella porque, según decía, «en el derecho penal español no existe responsabilidad penal por el cargo que se ocupa».

En el mismo texto legal, se recoge literalmente que «La toma de decisiones discrecionales del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no fue la más adecuada».

En Moncloa se agarran a estos argumentos para descartar que haya recorrido penal en las posibles iniciativas que dan por hecho que van a sucederse con respecto a la gestión del Ejecutivo en Ceuta.

Parece que Marlaska es fuente de inspiración para los asesores monclovitas que, además, recuerdan cómo el ministro del Interior fue reprochado por el cese, en 2023, del coronel Diego Pérez de los Cobos de su cargo como jefe de la Comandancia de Madrid. Marlaska fue obligado a rectificar, por una sentencia judicial también del Tribunal Supremo, en este caso, de la Sección Cuarta de la Sala Tercera. Pérez de los Cobos se había negado a informar de las investigaciones que la Guardia Civil estaba ejecutando en su calidad de policía judicial.

En cambio, la Sala Segunda del Supremo cerró el paso a una querella por prevaricación contra el ministro Marlaska por este mismo caso. Fue Vox quien interpuso una querella por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, pero el resultado, con distintos argumentos, fue el mismo: se inadmitió la querella.