Independentismo

La Generalitat quiere reforzar su dictadura lingüística en Baleares y la Comunidad Valenciana

Aragonés
Pedro Sánchez y Pere Aragonés, en La Moncloa.

Los planes de la Generalitat para extender la imposición del catalán trascienden las fronteras de Cataluña y se extienden a otros territorios, como Baleares o la Comunidad Valenciana, incluso Aragón. En definitiva, a lo que el separatismo entiende como los «países catalanes». La hoja de ruta del Gobierno separatista para fortalecer la lengua propia implica «impulsar las relaciones con los centros educativos de otros territorios de lengua catalana, para favorecer el reconocimiento mutuo y reforzar el ámbito lingüístico común».

Así se recoge en el informe del Consejo Lingüístico Asesor, encargado por la Generalitat de Cataluña para «impulsar el uso de la lengua catalana en los centros educativos». Las propuestas ahí recogidas sirven de guía a las autoridades separatistas en su política lingüística, y ya se están materializando. Como avanzó OKDIARIO, una de ellas es avanzar en la imposición del catalán a los niños desde su incursión en el aula, es decir, en la etapa de 0 a 6 años para «iniciar, lo antes posible, a todo el alumnado en el conocimiento y el uso de la lengua catalana». Toda una estrategia para fulminar el español ya desde el mismo jardín de infancia.

La Generalitat, como también adelantó este periódico, vigilará además el uso del catalán fuera de las aulas, en espacios como el patio, el comedor o las actividades extraescolares a través de un plan piloto que el pasado curso escolar ya se estrenó en 200 centros y cuya ambición es extenderlo a 3.000 más. La propuesta se basa en «grupos impulsores» del catalán, integrados sobre todo por profesores, encargados de vigilar las actividades lectivas y lúdicas.

En paralelo, el Gobierno independentista quiere reforzar sus lazos con otras regiones, con lengua compartida. El pasado junio, los consejeros de Cultura de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana ya anunciaron una «nueva etapa de colaboración conjunta» entre estas comunidades a través de la figura de Joan Fuster, impulsor de los «países catalanes», por la conmemoración del centenario del nacimiento del ensayista. Uno de los objetivos compartidos es crear un frente común a través de las televisiones públicas de las zonas de habla catalana.

Las tesis separatistas han ido calando en estos territorios, gobernados por el Partido Socialista. En el caso de Baleares, cabe recordar que la nueva Ley de Educación, aprobada en febrero, ya no recoge el reconocimiento del español como lengua vehicular en los colegios. El texto reconoce la lengua catalana, «propia de las Islas Baleares, como instrumento de cohesión social en la actividades educativas y complementarias».

Fin del español

La Generalitat ha ido maniobrando para fulminar el catalán en las aulas. Esta semana, el Tribunal Supremo anuló los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Barcelona y la localidad barcelonesa de Abrera por no reconocer el 25% de enseñanzas curriculares en español. Una decisión que no tendrá efectos prácticos para el Govern, que mantiene su rechazo frontal a las sentencias que obligan a respetar el castellano en el aula. Consideran que estas son «inaplicables» tras la aprobación de un decreto ley y una ley de usos lingüísticos que suprimen la aplicación de porcentajes e instan a los centros a imponer el catalán en sus proyectos lingüísticos.

A finales de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) elevó al Constitucional la nueva ley catalana sobre el uso de las lenguas en las escuelas, por excluir el español como vehicular, tras reprochar al Govern y al Parlament su propósito de «bloquear» la aplicación de la sentencia del 25%. El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña vulnera el Estatuto de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.

En este contexto, la Generalitat catalana cuenta con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez que, en la última reunión de la mesa de negociación -celebrada el pasado 27 de julio- plasmó por escrito el apoyo a esta ley que liquida el español y se comprometió además a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto de forma oral como por escrito en catalán a quien lo solicite y a revisar en esta legislatura el reglamento del Senado para que los parlamentarios puedan utilizar todas las lenguas cooficiales en sus intervenciones.

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