Armengol burló el concurso y tiró del contrato de «imprevistos» para alquilar los equipos de traducción

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, burló la obligación legal de sacar a concurso público la contratación de los pinganillos de traducción que ha tenido que adquirir apresuradamente para hacer realidad el nuevo Babel multilingüe en que el PSOE ha convertido a la Cámara Baja a fin de satisfacer a toda velocidad a sus socios independentistas: los partidos golpistas catalanes y los proetarras de Bildu.

Los pinganillos, a falta de licitación reglada, han sido adquiridos por el Congreso encubiertos bajo la fórmula del alquiler de equipos técnicos y encuadrándolos como extensión de un contrato de servicios firmado con anterioridad por la Cámara para otros cometidos. Esos equipos al servicio de este nuevo Congreso multilingüe que arrincona al español y que han sido adquiridos a toda prisa han sido seis radiadores (emisores) de alta eficiencia, transmisor de infrarrojos digital y dispositivos receptores o petacas.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias, la Mesa de la Cámara Baja, controlada por el PSOE de Armengol y el partido Sumar, recurrió a un contrato ya existente de «mantenimiento integral» del Congreso para alquilar tales aparatos, en lugar de convocar un concurso público y analizar otras ofertas. Sin embargo, ello habría retrasado a los socialistas a la hora de cumplir con esta exigencia inmediata de sus socios separatistas, una de las condiciones que han fijado para plantearse apoyar una nueva investidura del actual jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Se da la circunstancia de que el gabinete de Francina Armengol reveló el pasado lunes, justo la víspera del Pleno en el que se estrenaron los pinganillos, que el Congreso había gastado 45.907,34 euros en el alquiler de dichos dispositivos transmisores. La cifra triplica los 15.000 euros que la Ley de Contratos del Sector Público pone como tope del contrato menor. Es decir, aquellos que por su reducido informe, pueden ser adjudicados a dedo, sin licitación abierta y pública.

Estas piruetas dirigidas a sortear la ley se suman a otro reciente episodio ligado igualmente al ‘Babel’ del Congreso promovido por Sánchez. Y es que también resulta controvertido legalmente la fórmula con la que la Cámara gobernada por Armengol ha fichado a los profesionales encargados de traducir simultáneamente las intervenciones de los diputados a los que, desde ahora, se les permite usar de modo exclusivo el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano y el aranés en sus intervenciones en la sede de la soberanía nacional de España.

A estos empleados, en vez de haber sido incorporados con un procedimiento reglado de selección de personal mediante convocatoria pública y pruebas que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, han sido elegidos a toda prisa a instancias de Armengol como autónomos externos, también conocidos como freelance. Se trata de 12 traductores en total, al menos de momento, con los que existen dudas legales de irregularidad, porque fuentes técnicas consideran que Armengol ha incurrido en la figura del falso autónomo, la misma que la Inspección de Trabajo persigue en las empresas con severas multas.

Volviendo al caso de la adquisición de los pinganillos y de los equipos de transmisiones, las fuentes parlamentarias consultadas por este periódico explican que los 45.907 euros que han costado se han cargado a un contrato de mantenimiento técnico que el Congreso tiene en vigor desde hace años con la sociedad anónima OHL Servicios-Ingesan. Para darle pátina de legalidad, los funcionarios al servicio de Armengol han recurrido a un curioso argumento: dicen que la adquisición de estos nuevos equipos de traducción tienen cabida en una «parte variable» que reserva aquel contrato, pensada para imprevistos.

En concreto, la parte de aquel contrato al que Armengol ha endosado apresuradamente los pinganillos habla, exclusivamente, de gastos sobrevenidos que respondan al «mantenimiento correctivo, materiales de repuesto y otros gastos variables». Además, el contrato especifica en este apartado que a tal partida de imprevistos se reservan 40.000 de los 540.000 euros al año a que asciende esa adjudicación a OHL Servicios Ingesan. Y detalla que dicha partida de 40.000 euros «se gastará o no en función de las necesidades de la Cámara y previo encargo de trabajos».

Un atajo sin valorar otras ofertas

El «mantenimiento correctivo» es el que se realiza, según la jerga administrativa, para cubrir los «imprevistos que puedan producirse». En el caso del pliego del contrato de mantenimiento integral que firmó el Congreso en la pasada legislatura con la empresa OHL Servicios-Ingesan S.A. por casi tres millones de euros, se dice en lo relativo al «mantenimiento correctivo» (y su cláusula de 40.000 euros mensuales) que éste puede tener como origen «los fallos y/o contingencias en las infraestructuras, instalaciones y equipos», o aquellos «inducidos/detectados por las tareas de preventivo voluntario y preventivo». También se activa cuando las actuaciones sean «a solicitud de los Responsables del Congreso de los Diputados» o «a propuesta del adjudicatario, según el estado de los equipos».

El expediente añade que tales contingencias «serán resueltas a costa del contrato, sin que medie posibilidad de facturación adicional, salvo en casos en que el adjudicatario justifique que no puede llevarse a cabo con la estructura de personal mínima detallada en este pliego de prescripciones técnicas».

De esta manera, y después de hacer una consulta técnica de información al Senado sobre el funcionamiento de su sistema de traducción (sólo en las mociones de los plenos y en la Comisión General de Comunidades Autónomas), la Cámara que preside Armengol optó por este controvertido atajo en la contratación de los equipos. Sin valorar otras ofertas, algo que sí hizo el Congreso en su momento con el concurso público restringido del que salió ganador la firma OHL Servicios-Ingesan SA.

A estos 45.907,34 euros hay que sumar otros 7.600 euros dirigidos a la adquisición de 450 pinganillos nuevos, que se han sumado a 200 que ya tenía la Cámara. En total, incluyendo estos importes, la Cámara ha provisionado un gasto de 279.849 euros hasta el 31 de diciembre de 2023 para pagar también a una docena de traductores autónomos mediante contratos menores (máximo de 15.000 euros).

Desde el Grupo Parlamentario del PP han puesto en cuestión estas contrataciones «encadenadas» de traductores en tanto entienden que pueden contravenir la Ley de Contratos del Sector Público. Así, avanzaron el pasado lunes que requerirían informe del departamento de Intervención de la Cámara.