La Fiscalía pedirá tumbar la nueva querella contra el Rey emérito por delitos fiscales

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitará tumbar la querella presentada contra el Rey emérito, Juan Carlos I, por cinco presuntos delitos fiscales, según confirman a OKDIARIO fuentes fiscales. El Ministerio Público argumentará que no puede sostener ahora una posición contraria a la que mantuvo en marzo de 2022, cuando el fiscal de sala Alejandro Luzón archivó unas diligencias sobre estos mismos hechos al considerar válidas las regularizaciones fiscales realizadas por el monarca emérito.

Magistrados jubilados y fiscales anticorrupción retirados presentaron en noviembre una querella contra Juan Carlos I ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por cinco presuntos delitos fiscales. En enero se dio traslado a la Fiscalía. A principios de marzo aproximadamente, el Ministerio Público prevé pedir la inadmisión por coherencia con sus propias conclusiones previas sobre estos mismos hechos.

La querella, firmada entre otros por el ex magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, sostiene que las regularizaciones fiscales realizadas por Juan Carlos I en 2020 y 2021 por valor de más de cinco millones de euros no fueron válidas porque se hicieron después de que la Fiscalía le hubiera notificado la apertura de investigaciones. Juan Carlos I, al conocer que le abrían un procedimiento fiscal, corrió a regularizar su situación.

Los querellantes argumentan que el Rey emérito recibió dos notificaciones formales de la Fiscalía -en junio y noviembre de 2020- informándole de la existencia de diligencias de investigación sobre posibles irregularidades tributarias. Sin embargo, no presentó su primera regularización hasta diciembre de 2020, por 678.393 euros, y la segunda en febrero de 2021, por 4,4 millones.

Según el escrito, esto incumpliría los requisitos del artículo 305.4 del Código Penal, que establece que la regularización fiscal sólo exime de responsabilidad penal si se realiza antes de que el contribuyente tenga «conocimiento formal» de que está siendo investigado.

La querella se centra en cinco presuntas defraudaciones entre 2014 y 2018 relacionadas con gastos y servicios pagados, como publicó OKDIARIO, por la Fundación Zagatka, que según los querellantes superaron los 120.000 euros anuales que marca el umbral del delito fiscal. En dos ejercicios -2015 y 2017- la cuota defraudada habría superado incluso los 600.000 euros.

Sin embargo, fuentes fiscales consultadas señalan que el Ministerio Público pedirá la inadmisión de la querella exponiendo sus propias conclusiones de  2022. Recuerdan que la Fiscalía, primero con el fallecido Juan Ignacio Campos y luego con Alejandro Luzón, ya investigó exhaustivamente estos mismos hechos en unas diligencias que archivó en marzo de 2022 al considerar válidas las regularizaciones.

«No podemos decir ahora lo contrario de lo que sostuvimos entonces tras una investigación minuciosa», resumen groso modo las fuentes pulsadas. En su decreto de archivo, la Fiscalía concluyó que las notificaciones enviadas al Rey emérito en 2020 no tenían el detalle suficiente sobre los hechos investigados como para invalidar las posteriores regularizaciones.

Los querellantes discrepan de esta interpretación y sostienen que el Código Penal no exige una «identificación precisa y detallada» de la defraudación investigada, sino solo un conocimiento formal de la existencia de diligencias, que consideran acreditado con las notificaciones recibidas.

La querella también argumenta que algunos de estos delitos fiscales no habrían prescrito, al tratarse de la modalidad agravada que tiene un plazo de prescripción de 10 años, por haberse utilizado personas jurídicas interpuestas (las fundaciones Zagatka y Lucum) con sede en paraísos fiscales.

Entre los firmantes de la querella figuran, además de Martín Pallín y Jiménez Villarejo, el también ex fiscal jefe anticorrupción José María Mena, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo y otros juristas y profesionales ligados a la izquierda.

El escrito solicita tomar declaración como investigado al Rey emérito, así como citar como testigos a personas vinculadas a las fundaciones y sociedades investigadas, como Álvaro de Orleans-Borbón, Allen Sanginés-Krause o Arturo Fasana.

Las fuentes fiscales consultadas remarcan que, más allá de discrepancias jurídicas sobre la validez de las regularizaciones, la actuación de la Fiscalía permitió recuperar más de cinco millones de euros para las arcas públicas que de otro modo habrían quedado sin regularizar.

La querella deberá ser admitida o rechazada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, único órgano competente para juzgar al aforado Rey emérito desde su abdicación en 2014 por los presuntos delitos cometidos con posterioridad a esa fecha. Los anteriores quedan cubiertos por la inviolabilidad constitucional del monarca.