La Fiscalía archivó en 2016 una denuncia sobre irregularidades en Imelsa que implicaba a Jorge Rodríguez

La Fiscalía archivó en 2016 una denuncia similar a la que ha provocado la detención del presidente de Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez. Fue el 30 de noviembre de 2016 -tal y como hoy prueba OKDIARIO con los documentos en su poder-. La denuncia, además, fue ampliada el 29 de diciembre. Y las acusaciones se centraban, efectivamente, en los presuntos delitos de administración desleal, prevaricación y malversación de fondos públicos por las prácticas realizadas en la empresa pública Divaltierra. En esa denuncia se mencionaba ya al propio Jorge Rodríguez. Pero la Fiscalía decidido archivarla en todo un tiempo récord: 48 horas.

Ahora sí se ha dado validez a los argumentos. Pero con una diferencia: que se ha elevado como denuncia laboral –no de corrupción política–, porque se ha tramitado como un caso salarial y de enchufismo, pasando posteriormente al tratamiento penal ante la evidente magnitud e implicación política del caso. Y, con ese rodeo, casualmente, el caso ha llegado a judicializarse.

El PP de la Diputación de Valencia lleva, de hecho, tres años denunciando las irregularidades en Divalterra. Fue el primer partido en denunciar lo ocurrido y el que más veces ha solicitado información.

Desde aquel año 2016 ha presentado hasta tres denuncias por presunta administración desleal, malversación y prevaricación de caudales públicos en la gestión de la entidad pública, los mismos delitos por los que ahora sí ha sido detenido el Presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez y dos de sus colaboradores.

La primera denuncia relacionada con la contratación de personal se realizó en 2016 ante las “irregularidades en los gastos de personal, la vulneración de lo dispuesto en la Ley 32/2014 del 26 de diciembre, en cuanto a la contratación de personal; el pago de indemnizaciones que superan el máximo legal; en materia de contratación, los expedientes incompletos y carentes de documentación esencial”.

La Fiscalía admitió a trámite la denuncia del PP el 2 de enero, y la archivó en 48 horas. Este archivo exprés, que el PP calificó desde el primer día como “inexplicable”, motivó que se realizara una denuncia interna que fue presentada en uno de los juzgados de Valencia, que, en esta ocasión sí fue admitida a trámite y que dio traslado a la Fiscalía, sustanciándose en una investigación que culmina con los registro y las detenciones recién efectuadas.

Y es que esa denuncia interna se unió a una denuncia adicional en la que se detallaban las irregularidades de la contratación ante la Inspección Provincial de Trabajo. El avance de esta denuncia laboral, fuera del control habitual de los organismos anticorrupción, casualmente, es lo que ha permitido que todo el caso saliese adelante y se judicializase con éxito.
El PP, de hecho, a estas alturas, ya había solicitado una Asamblea Extraordinaria para que Jorge rodríguez diera explicaciones ante las irregularidades de su gestión en Divalterra.

Hay que recordar que Jorge Rodríguez ha llegado a los cargos de presidente de la Diputación de Valencia, la mayor de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana, portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE de Ximo Puig y Alcalde de Ontinyent, una de las localidades más importantes de esta Comunidad.

La operación final, llevada a cabo este miércoles, ha provocado, por fin, que el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia haya coordinado la actuación contra la corrupción en la que ha sido detenido Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, y otras dos personas.

La causa, declarada secreta, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo de 2018 tras, ya en ese momento sí, la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia por irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.