Feijóo propondrá a Sánchez «compensar» a las empresas electrointensivas que se vean forzadas a parar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, propondrá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de la próxima semana en el Senado que el Ejecutivo introduzca «compensaciones financieras» en su Plan de Contingencia para las empresas electrointensivas que puedan verse abocadas a parar su actividad por la crisis energética.

Ésta es otra de las principales medidas que contempla el PP en el plan alternativo que está confeccionando Génova y pilotando el vicesecretario de Economía y ex consejero andaluz, Juan Bravo. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la dirección popular, se trata de una actuación «que también formula Bruselas, teniendo en cuenta siempre la actividad económica y el empleo», explican tales fuentes. Este «tratamiento especial» a la industria electrointensiva consistiría en «compensaciones financieras» a aquellas empresas del sector que no hallen otra salida que detener su actividad y «necesiten seguir afrontando el día a día», además del pago de impuestos, explican las fuentes consultadas.

Estas fuentes de Génova recalcan que se trata de una actuación que viene avalada por la Unión Europea, al igual que la «incentivación» de ayudas directas a familias y empresas que ahorren energía, una iniciativa que destacó el propio Feijóo este miércoles en Málaga. De hecho, el ‘Reglamento del Consejo de la Unión Europea sobre medidas coordinadas para la reducción de la demanda de gas’ indica que «las medidas adoptadas en el ámbito nacional pueden incluir incentivos financieros o compensaciones para los participantes en el mercado afectados».

«El Gobierno de Pedro Sánchez parece que no se ha leído la documentación de Bruselas, que incluye medidas como éstas basadas en la incentivación o la compensación, pero no en la imposición», critican las mismas fuentes, recordando que Bruselas, en las circunstancias actuales, habla de recomendaciones, que sólo pasarían a ser obligaciones si se agrava la situación, entrando en una fase de alerta.

«Voluntaria»

En concreto, el citado Reglamento del Consejo de la Unión Europea dice en su artículo 4 que «la Comisión presentará dicha propuesta de alerta de la Unión cuando considere que existe un riesgo considerable de escasez grave de suministro de gas o cuando se dé una demanda excepcionalmente elevada de gas, para las que las medidas del artículo 3 no son suficientes».

Ese artículo 3 lleva por título «Reducción voluntaria de la demanda» y recoge que «los Estados miembros se esforzarán al máximo por reducir su consumo de gas en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 en al menos un 15% con respecto a su consumo medio de gas». En ningún caso, se incluye en este momento previo a la alerta la obligatoriedad impuesta por el Gobierno de Sánchez para apagar los escaparates o no pasar de los 27 grados de aire acondicionado en verano. Todo ello bajo amenaza de multas.

Entretanto, y la espera del debate de la próxima semana en el Senado, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reúne este jueves en el Ministerio con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para recabar sus propuestas de cara al diseño del Plan de Contingencia que el Gobierno debe enviar a Bruselas. Un texto de mayor relevancia que el decretazo energético ya en vigor.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha convocado para el lunes a las asociaciones de la industria, comercio y turismo en el marco de la elaboración de dicho Plan de Contingencia, que contendrá «medidas específicas» de acompañamiento a la industria electrointensiva, afirmó este miércoles. Sin embargo, Maroto declinó dar detalles y evitó hablar de «compensaciones» a las empresas de este sector que se vean obligadas a paralizar su actividad, como propone el Partido Popular.

Sin las comunidades

Sobre el decretazo energético convalidado la semana pasada en el Congreso, Feijóo criticó en Málaga que «la única solución que se le ha ocurrido al Gobierno ante los elevados costes energéticos y el incremento de la factura de la luz haya sido imponer un decreto que obliga a los comerciantes a apagar la luz y a quitarnos la corbata». Y ello, «sin hablar con los sectores que lo tienen que aplicar; con las Comunidades, que tienen que vigilar; sin hablar con la oposición y en contra del reglamento de la UE», enfatizó.