ERC pone la primera piedra para ilegalizar a Vox por supuestos delitos de odio por homofobia
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ERC ha dado el primer paso en una dirección buscada por la izquierda desde hace tiempo: la ilegalización de Vox por supuestos delitos de odio. La estrategia se basa en condenar oficialmente políticas extranjeras que Pedro Sánchez o sus socios consideran contrarias a los homosexuales, regular su rechazo y, acto seguido, exigir la misma condena y erradicación en España. Las políticas a condenar son las de Hungría y Polonia, defendidas ya por Vox. El siguiente paso es pedir la salida del panorama político de quienes defienden lo mismo en España. Es decir, de Vox.
El texto ha sido ya trasladado al arranque de las Navidades por ERC a la Mesa del Congreso. Lleva la firma de uno de los grandes socios y colaboradores de Pedro Sánchez: ERC.
El texto no oculta su coordinación y complementariedad con los pasos dados por el propio PSOE en la línea de prohibir la crítica a las leyes LGTB. Pero va más allá y lanza la primera piedra hacia la ilegalización del partido de Santiago Abascal. El redactado, así, señala lo siguiente: “El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada María Carvalho Dantas, […] presenta las siguientes enmiendas a la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a los discursos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI de Polonia y Hungría”.
La enmienda número uno es de adición al texto de los socialistas y propone incluir “un nuevo apartado en la Proposición No de Ley relativa a los discursos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI de Polonia y Hungría”.
El párrafo que los de Gabriel Rufián y Oriol Junqueras quieren añadir exige “promover en el seno de la Unión Europea la irrenunciable defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBI” y “condenar los actos de intolerancia y odio llevados a cabo en países como Polonia y Hungría que no representan el espíritu de concordia, reconocimiento y respeto a la diversidad y a la pluralidad existentes en la Unión Europea”. De ese modo, los socios de Sánchez pretenden que se considere oficialmente incompatible la defensa de los derechos de los homosexuales con las políticas de Polonia y Hungría.
Y dan un paso más. Porque, para ello, reclaman “acelerar la aprobación urgente de la ‘Ley para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI’, a fin de frenar los crecientes discursos de odio, combatir el auge de delitos homofóbicos y blindar los derechos del colectivo LGTBI”.
De ese modo, se convertiría en discurso exigido oficialmente la defensa, no de los derechos de los homosexuales, sino de las leyes LGTB de la izquierda en España, anulando un discurso crítico con esas normas.
Polonia y Hungría, efectivamente, no han aceptado la doctrina de izquierda en esta materia. Y Vox se ha posicionado en España en favor de la postura de ambos países. De ese modo, el Gobierno y sus socios esperan poder abrir una vía para, regulada legalmente la exigencia de la doctrina LGTB de la izquierda para países extranjeros, hacer lo mismo puertas adentro. Y si Vox no acata ese discurso, pasar a ilegalizarlo por supuesto delito de odio.
Este texto se convierte, de este modo, en el primer paso dado oficialmente en la dirección de ilegalizar a Vox. Un plan que, en el fondo, siempre ha albergado Pedro Sánchez, quien se ha llegado a plantear ya aplicar la «Ley de Partidos» a Vox por rechazar la ideología de género. La amenaza del socialista apareció ya recogida en el propio programa electoral del PSOE y cuenta con el respaldo de Podemos y, por supuesto, de los partidos separatistas.
Los socialistas deslizaron la amenaza en un párrafo genérico del programa que alude a todos los partidos políticos que, en materia de “identidad de género (…) cuestionen la igual dignidad de las personas”. Vox no cuestiona la dignidad, pero a ojos de los socialistas, sí, porque, según la formación de Sánchez, los de Santiago Abascal tienen un comportamiento “homófobo, xenófobo y machista”.
El PSOE lo argumentó en su programa de la siguiente manera, concretamente en un párrafo que comienza con el título ‘Feminismo, igualdad de trato y diversidad: más y mejor democracia’. Allí, el PSOE señala que “el auge, a nivel nacional e internacional, de organizaciones que difunden discursos de odio dirigidos a determinados colectivos, basado en el origen racial o étnico, la orientación sexual o identidad de género y la religión o creencia de las personas, requiere una respuesta firme del Estado de Derecho”.
Los socialistas añadieron, además, que su objetivo es garantizar “la convivencia de todas las personas que viven en España” y prevenir “la difusión de mensajes que cuestionen la igual dignidad de las personas”.
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