El Gobierno llevará al Constitucional a Romeva si hace de ministro de Exteriores bis

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que desde el Gobierno central se ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado para que se analicen las competencias de la recién creada Consejería de Exteriores, Transparencia y Relaciones Institucionales, al frente de la cual está Raúl Romeva. El nuevo Govern todavía no ha hecho públicos los cometidos que tendrá el departamento pero fuentes de Moncloa ya aseguran que los servicios jurídicos estudiarán «uno por uno» sus objetivos tras escuchar a Romeva. El consejero dijo ayer que mantendrían «diálogo constante y permanente con todos los actores, sean del Estado, de la UE o del resto del mundo». 

El que fuera eurodiputado por ICV avisó de que la Consejería se centrará en explicar el proceso independentista fuera de Cataluña, pero también en explicar qué puede ofrecer Cataluña a la comunidad internacional: «Tan importante es explicar lo que queremos hacer y pedir complicidades como ofrecernos». Objetivo que el Ejecutivo central frenaría en seco, ya que excede de las competencias asignadas, y en ningún caso pueden igualar a las del Estado. la vicepresidenta ha añadido que los servicios jurídicos lo analizarán teniendo en cuenta también la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) de 1992.

«Hemos pedido informes sobre aquellas actuaciones que hemos considerado que existe vulneración legal», ha incidido la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asimismo, ha querido avisar de que no solo estarán pendientes de dichas competencias, sino las de «todas las consejerías que cree el señor Puigdemont», ha advertido.

«Estaremos muy vigilantes»

Sáenz de Santamaría ha explicado que, igual que se hizo con la primera declaración soberanista aprobada por el Parlament en enero del 2013, el Ejecutivo del PP pedirá a la Abogacía del Estado informes sobre «cualquier actuación» que considere que «puede vulnerar la Constitución». «Ya lo dijo el presidente (Mariano Rajoy) el día de la investidura: no vamos a dejar pasar una actuación que sea contraria a las leyes.

En todo caso, ha afirmado que el Gobierno permanecerá «muy vigilante» y que analizará «todas y cada una de las actuaciones de la Generalitat y del Parlamento», sobre todo por el precedente que sentó la declaración de ruptura con el resto de España, que ya fue declarada nula por el Tribunal Constitucional.

Ante la pregunta de si ha habido ya algún contacto entre el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, con el presidente catalán, Sáenz de Santamaría ha contestado que no, tras lo cual ha insistido en pedir a Puigdemont que «se ajuste a la legalidad».

Y a continuación, ha garantizado que el Ejecutivo seguirá actuando como ha hecho en la pasada legislatura: «Somos también Gobierno de Cataluña y gracias a eso los catalanes no se han visto perjudicados por la falta de gestión y el desastre de gestión del Gobierno de Artur Mas porque se han podido pagar los servicios públicos. Esa será nuestra tarea en este tiempo en funciones».

Romeva: «Llamaremos a quien haga falta, incluido a Margallo»

El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat se mantiene en su ilegalidad diciendo que «tan importante es explicar lo que queremos hacer y pedir complicidades como ofrecernos». Así, Romeva explicó que «podemos aportar y estamos ya aportando mucho tanto en el ámbito europeo como en el internacional en su conjunto» y añadió que «llamaremos a quien haga falta, incluido al ministro de Asuntos Exteriores de España».

El catalán siguió ‘en sus trece’ y advirtió que dará continuidad a las iniciativas que se iniciaron en el anterior mandato desde la Secretaría pero ha recordado que su prioridad será dar estructura a su Consejería: «Creamos un departamento que como tal no existía, y esto también es un símbolo de la importancia que queremos dar a este aspecto». Asimismo, el catalán dijo que no se plantea ofrecer en la Consejería ningún cargo a Mas: «Un cargo como tal no creo», aseguró.