Dolores Delgado impone el control de los fiscales en las querellas por las residencias que apunten a Iglesias

Pablo Iglesias sabe que su principal punto débil son las residencias de mayores y las muertes producidas en ellas por el coronavirus. El vicepresidente social ha exigido un control especial sobre estos procesos y, casualmente, Dolores Delgado ha encargado un esquema de coordinación entre los fiscales y de control de los pronunciamientos en estos procesos. Pablo Iglesias representaba el mando único en materia social y las residencias eran su responsabilidad.

La fiscal general, Dolores Delgado, ha mantenido ya reuniones telemáticas por medio de la Junta de Coordinación y con participación del teniente fiscal del Tribunal Supremo, los fiscales jefes de la Inspección Fiscal, Secretaría Técnica y Unidad de Apoyo, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica y fiscales de la Unidad Apoyo de la Fiscalía General del Estado.

En esas reuniones se ha planteado ya la necesidad de la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal. Y, tras el estudio de informes remitidos por las diferentes fiscalías, se ha remarcado la necesidad de dar una respuesta unitaria frente a los procesos del coronavirus. Y dentro de estos procesos, por supuesto, a las querellas por las muertes en las residencias de mayores.

La fiscal general ya ha admitido la celebración de diversas videoconferencias con los fiscales de sala delegados y coordinadores de las diferentes especialidades.

Reclamaciones

El esquema se extenderá a lo largo de toda la etapa de procesos judiciales relacionados con las reclamaciones por las muertes provocadas por el coronavirus.

Hay que recordar que fue el propio vicepresidente Pablo Iglesias quien anunció el pasado 19 de marzo que asumía el mando único del área de Servicios Sociales para atajar la crisis sanitaria del coronavirus en las residencias de ancianos.

Desde ese momento, más de 18.000 ancianos han fallecido en los centros asistenciales de toda España, según los datos recopilados antes de finalizar el mes de mayo y que barajan las propias residencias.

La cifra era de tan sólo 1.516 fallecidos el pasado 26 de marzo, una semana después de que Iglesias asumiera el mando, y desde entonces no ha dejado de crecer exponencialmente a lo largo de semanas. Durante dos meses, de hecho, las residencias no han tenido la menor noticia del vicepresidente Pablo Iglesias, ni han recibido ninguna ayuda del Gobierno salvo la que ofreció la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Las empresas del sector aseguran estar tranquilas ante las querellas que la Fiscalía ha presentado para esclarecer las muertes por coronavirus en las residencias. «Nos parece muy bien que se investigue para que salga a la luz la verdad. Las residencias no han fallado, ha fallado el sistema sanitario y desde el sector nos hemos sentido muy abandonados por las autoridades sanitarias», señaló en su momento el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

Mando único

Antes de que Pablo Iglesias asumiera el mando único, el Gobierno tampoco transmitió a las residencias de ancianos las alertas que recibió de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el mes de enero sobre la gravedad de la crisis del coronavirus que había surgido en China.

En la mayoría de los casos las propias residencias se adelantaron a tomar medidas antes de que lo hiciera la Administración, por ejemplo prohibiendo las visitas de familiares, una decisión que resultó difícil pero que posteriormente incorporó la Administración dentro de sus exigencias.

Dos fechas clave figuran en el relato de las residencias. El 5 de marzo y el 24 del mismo mes.

El Gobierno marcó una primera petición de dejar a los mayores contagiados en sus cuartos de las residencias. Lo hizo el 5 de marzo, cuando no había ningún colapso sanitario ni estado de alarma. Y después, el 24 de marzo, en plena explosión del virus y con los hospitales desbordados, Sanidad dio otra orden: no dejar a los familiares rescatar de las residencias a sus mayores encerrados y contagiados.

Y todo ello, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dejado de culpar a las comunidades autónomas de los fallecimientos en las residencias.
 La segunda de las exigencias, la incluida en el documento ‘Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial’, fue publicada el 24 de marzo de 2020.

Vulnerabilidad

Allí el texto señalaba que «los residentes y usuarios de las residencias de mayores y de otros centros residenciales se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por covid-19 por varios motivos». Porque «habitualmente presentan patología de base o comorbilidades»; porque «suelen ser de edad avanzada» o «porque tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes». Además, añade que «suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente vulnerable».

Los siguientes puntos señalaban exigencias para las residencias: «Si se detecta un caso positivo se deberá designar en el centro un área diferenciada para residentes con y sin infección con el objetivo de disminuir el riesgo de que se genere un brote en la residencia y hacer el estudio y seguimiento de sus contactos estrechos».

Es decir, no se hablaba de trasladarlos de urgencia a hospitales. Sino de aislarlos en los centros de mayores.