Dirigentes de Podemos y la CUP acusan a Israel de «limpieza étnica y apartheid» contra el pueblo palestino

Cargos públicos y electos de Podemos, IU y la CUP se han sumado este miércoles a una carta, con motivo del Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino, en la que acusan a Israel de practicar una política de «apartheid» y reclaman «dejar de armar a Israel» y «dejar de reconocer y normalizar relaciones con un Estado que tiene una conducta profundamente anormal».

«Negarnos a prestar asistencia material a la comisión de crímenes de guerra o contra la humanidad no es sólo una obligación moral, no es un acto de caridad o solidaridad, es una obligación legal», dice la carta, que algunos de ellos han difundido a través de las redes sociales.

Entre los firmantes están el portavoz de Exteriores del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Pablo Bustinduy; el diputado y candidato a la Generalitat de En Comú, Xavier Domenech; el alcalde de Cádiz, José María González; el de Zaragoza, Pedro Santisteve; la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; la eurodiputada de IU Marina Albiol y el de Podemos Miguel Urban o el concejal de la CUP Albert Noguera.

Estos cargos han firmado esta misiva con motivo del setenta aniversario de la Resolución 181 de las Naciones Unidas, también conocida como Plan de Partición de Palestina, subrayando que, desde entonces, los órganos de la ONU han emitido «cientos de resoluciones instando al respeto de los derechos humanos y a la búsqueda de una solución de paz justa y duradera» pero que Israel las ha incumplido de forma «impune».

Los firmantes acusan a Israel de haber puesto en marcha «un proceso colonial de limpieza étnica y apartheid por el que, hasta la fecha, ni una sola persona ha rendido cuentas ante la justicia internacional», con más de siete millones de palestinos que nunca podrán volver a su casa, colonias ilegales en Cisjordania y palestinos que residen en Israel como «ciudadanos de segunda o tercera categoría».

A ello se suma, dicen, la situación «especialmente sangrante» en la que viven las más de 2 millones de personas que residen en la Franja de Gaza, «cada vez con menos agua potable, con menos horas de electricidad, con menos medicinas y menos recursos, pero con una dignidad y una resiliencia que no se agotan nunca».

En su opinión, «condenar la ocupación no es suficiente», sino que, «igual que se hizo con el régimen de discriminación racial institucionalizada de la Sudáfrica del*apartheid, hace falta ponerle fin a las complicidades de los gobiernos europeos, de los Estados Unidos y de las potencias occidentales».

Bandera palestina en el Congreso

Varios diputados de la formación morada también han protagonizado este miércoles una acción reivindicativa a la puerta del Congreso, fotografiándose con una enorme bandera palestina, antes de registrar en la Cámara una serie de preguntas para indagar por el papel del Gobierno para paliar la situación de la población palestina, en particular en Gaza, y por la venta de armas y material de defensa a Israel.

Por un lado, Bustinduy ha preguntado al Ejecutivo cuál ha sido la contribución del Gobierno española a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), si hubo desembolso en 2016 y si está previsto aumentar la contribución, teniendo en cuenta que la agencia tiene problemas para cubrir su presupuesto anual, destinado a la atención de más de 5 millones de personas refugiadas palestinas y a la gestión de 700 escuelas, 143 centros de salud y 49 centros sociales, según dice el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Por su parte, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reyno quiere saber si, dado que el Gobierno español va a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, piensa actuar ante las declaraciones del exministro israelí Moshe Yaalon en las que afirmaba que nadie del Gobierno había matado tantos palestinos como él. También pide al Gobierno que presione para que Israel se dote de un sistema efectivo para investigar los casos de «uso arbitrario y abusivo» de la fuerza.

Este diputado también pregunta si desde 2011 el Gobierno ha vendido a Israel armas, material de defensa o municiones, y si puede garantizar que, en tal caso, ese material no ha sido utilizado para las «graves violaciones de derechos humanos» que denuncian las ONG. Y, por último, quiere saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que Israel respete los derechos humanos de la población palestina.