La directora de transparencia del AMB y ex diputada de ERC burla el código ético que ha implantado

Calvet contrató con el expediente 900641/18 a la empresa Sinetric Systems SL por un valor de 4.100 euros para la elaboración de un informe instrumento para implantar el código ético en el AMB. Dicho informe no es público, puesto que no figura en la web de transparencia y la empresa contratada -con sede en la Avenida de Roma- ha podido padecer el cierre de hoja registral al haber incumplido en su obligación de depositar sus cuentas anuales, cosa que no realiza desde el año 2005.

La sociedad, con unos ingresos de explotación de 80.745 euros en el año 2005 y tan solo un empleado, tiene como descripción de su actividad la “realización de trabajos de programador y analista de informática, aplicado al comercio electrónico y otros ámbitos de software, así como todo lo referente a la formación en dichas materias”. Tras catorce años sin presentar las cuentas anuales y con un endeudamiento del 65%, su contratación para la elaboración de un informe ha levantado sospechas de todo tipo.

La empresa

Constituida en 2001 y tras pasar por tres administradores diferentes, en Sinetric Systems SL figura Francisco Javier Pi Palomes -profesor ligado a la docencia en el ámbito de la informática- como único administrador en funciones. La empresa contratada por Calvet bien podría tratarse de una sociedad durmiente, la cual está constituida legalmente pero no tiene actividad ninguna. 

Fichada por el teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, tras pactar los presupuestos municipales con ERC, Calvet ha proclamado contra viento y marea la necesidad de las buenas prácticas, la transparencia y la ética en la política. Eso sí, lo ha hecho cobrando entre 105.938 y los 76.182 euros, quedándose al margen de la limitación salarial que se autoimpone Barcelona en Comú.

Sin embargo, no es la primera vez que la simpatizante de Arnaldo Otegui predica una cosa y luego hace otra. Cuando Calvet dejó su escaño en el Parlament, cobró los 1.938,31 euros de prestación económica a la que tienen derecho a percibir los diputados una vez acabada la legislatura, siempre y cuando no tengan trabajo, cuyo caso no era.