El descontrol de Podemos: el partido admite que no conoce las cuentas de 6 coaliciones

Podemos reconoce en su memoria contable de 2019 que en algunos municipios no tiene control sobre las cuentas de sus candidaturas. «Pese a haberse solicitado, seis entidades no nos han facilitado la información contable por decisión propia, por lo que nos ha sido imposible conocer los hechos económicos de estas formaciones desde su constitución», explican el partido en sus documentos oficiales.

Lamentan que, ante esta situación, «obviamente no ha sido posible incluirlas (estas cuentas) en el balance consolidado». Se trata de los grupos municipales de Podemos Calviá (Mallorca), Buñola (Mallorca), La Laguna (Tenerife), Molins de Rey (Barcelona), Ciempozuelos (Madrid) y Colmenar Viejo (Madrid). Son municipios de un tamaño considerable, entre los 6.000 y los 155.000 habitantes.

En las cuentas anuales de 2019, que el tesorero del partido, Daniel de Frutos, aprobó el pasado 19 de junio sin informar al la cúpula del partido (el Consejo Ciudadano Estatal), aparece igualmente que el partido sí ha podido fiscalizar las cuentas de 210 grupos municipales y parlamentarios.

«Parte del trabajo viene derivado del periodo electoral y a la coexistencia en el ejercicio de grupos conformados en 2015 y 2019. Esto ha generado durante el primer trimestre de 2020 un volumen de trabajo contable con dimensiones que han requerido toda la atención de los equipos implicados. Con el objetivo de cerrar correctamente la actividad de 2019», exponen los trabajadores del partido que ocultan su identidad al ser un documento sin firmas ni metadatos.

A este descontrol en varios municipios, se suma el escándalo de la ‘caja B’ que ha denunciado ante los tribunales el ex coordinador del equipo de jurídico de la formación morada, José Manuel Calvente. Estos hechos están siendo investigados por el juez Juan José Escalonilla que instruye la causa contra el partido de Pablo Iglesias por delitos de malversación y administración desleal.

Denuncia de una ‘caja B’

Calvente denunció ante la Guardia Civil la existencia de una ‘caja B’ denominada ‘Caja de solidaridad de Podemos’ que fue creada en 2018 por iniciativa de Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular del partido. Según el Reglamento de la misma, estos fondos económicos proceden de donaciones mensuales de los cargos públicos estatales de la formación. Los mismos –atendiendo a dicho texto– deberían destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».

Pero la realidad era bien distinta. El abogado purgado descubrió irregularidades en el uso por parte de Rafa Mayoral de estos fondos. «La misma está siendo utilizada como una ‘caja B’ del partido para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal a supuestas entidades opacas y sin identificar», explica la denuncia. Una de estas entidades opacas sería la asociación denominada #404 Comunicación Popular.

El denunciante detectó una petición sospechosa de 50.000 euros por parte de esta asociación de la que no constaba fecha de constitución, razón social o los datos de la persona física que tramitaba la petición del dinero a nombre de esta entidad. Además, Calvente explica en la denuncia que tras «investigar en Internet a #404 Comunicación Popular descubre que parece estar controlada por Cristian Luis Navarro Marrero, que curiosamente trabaja como Asistente Local (en España) de la agrupación de Podemos en el Parlamento Europeo».

Indemnizaciones y otros pagos

Esta caja B, las grandes indemnizaciones a los trabajadores despedidos o el sospechoso pago a la tía de Pablo Iglesias por la compra de la nueva sede de Podemos no aparecen en ninguna de las 273 páginas de las que consta la memoria contable del partido en relación al cierre del ejercicio 2019.

Por todo ello cabe pensar que las cuentas que presentan los de Iglesias son cifras maquilladas para ocultar los escándalos y chanchullos que la prensa ha ido desvelando. En los últimos meses a través de una persona que conocía los engranajes internos del partido. Ya no son investigadores de fuera del partido a quien Podemos colocaba sistemáticamente el sambenito de «las cloacas del Estado». Ahora es alguien que ha salido del partido purgado.

Además, cabe destacar que hasta 2017 Podemos contrataba a una empresa que ejercía labores de auditoria independiente. Sin embargo, desde entonces, los morados prescindieron de este control. Concluyeron que esa fiscalización externa no era necesario. Consideran que con el control general que hace el Tribunal de Cuentas a todos los partidos es suficiente.