CSIF denuncia a Instituciones Penitenciarias por incumplir la ley que le obliga a dar mascarillas a los funcionarios

El principal sindicato de la función pública se ha cansado de los incumplimientos del ministro Fernando Grande-Marlaska y ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al organismo de Interior encargado de las Instituciones Penitenciarias por exponer a los funcionarios de prisiones al contagio. El sindicato también ha recurrido la planificación de la desescalada y estudia acciones jurídicas para proteger la salud laboral del personal en las cárceles.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior, ha presentado ya la denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la dotación insuficiente de mascarillas en las cárceles españolas, tal y como ha descrito OKDIARIO.

CSIF señala en su denuncia que “coincidiendo con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de este material de protección, en las prisiones se entrega a los trabajadores/as una sola mascarilla de tipo quirúrgico para todo el turno, que puede alcanzar las 40 horas de servicio”. Esas mascarillas no están indicadas ni para una jornada entera diaria de 8 horas.

CSIF, por ello, “entiende que Instituciones Penitenciarias incumple su deber de proteger la salud de la plantilla y estudia acciones jurídicas para que los funcionarios, a título individual, puedan acudir a los tribunales en defensa de su derecho a la protección de la salud”.

Además, CSIF ha presentado un recurso de reposición contra las medidas de desescalada planteadas en prisiones. En concreto, contra la apertura del régimen de visitas, locutorios, permisos, etc. El sindicato denuncia que las medidas “no se ajustan a derecho ni se garantizan la seguridad e higiene: no se han instalado tomas de temperatura en todos los centros, no se garantiza la separación obligatoria en locutorios, ni se desinfectan los paquetes que llegan del exterior, entre otros aspectos.

Hay que recordar que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha recibido ya múltiples quejas de su personal por la falta de material de protección frente al coronavirus.

CSIF, de hecho -tal y como ha narrado a lo largo de los últimos meses este diario- ha venido reclamando desde el pasado febrero la dotación de mascarillas y de equipos de protección individual para todas las personas trabajadoras, que debían haberse complementado con actuaciones clave, como la elaboración de test masivos y un refuerzo en la Atención Primaria para realizar una vigilancia epidemiológica correcta.

Los funcionarios de prisiones, además, han denunciado el abandono al que les tiene sometido el Ministerio del Interior. Y algunas de las situaciones vividas por estos empleados públicos, que ya ha decidido denunciar el sindicato CSIF, llaman la atención por el evidente riesgo al que el Gobierno ha sometido a este colectivo y a los propios presos. Responsables de CSIF han señalado que en numerosas ocasiones han tenido reclamaciones de los presos para que los funcionarios usaran mascarillas. Y han sido las direcciones de los centros penitenciarios las que se han negado a esta exigencia por el «alarmismo» que podría generar.

Así ha ocurrido en numerosas prisiones, como las de Castellón, Foncalent (Alicante), Puerto de Santa María, Lanzarote u Ocaña (Toledo). «Las órdenes no llegaron ni por escrito ni desde Instituciones Penitenciarias, pero rechazaban el uso de las mascarillas e, incluso, exigían quitárselas a los funcionarios que decidían venir con las mascarillas desde casa», señalan desde CSIF.