El Constitucional le quitará competencias a Galicia sobre sus costas

El Tribunal Constitucional arrebatará competencias a Galicia sobre su litoral admitiendo el recurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra dos artículos de la ley autonómica en materia de costas que planteaban rebajar a 15 años el plazo obligatorio para la restitución del terreno por obras ilegales en la costa gallega. Cándido Conde-Pumpido ha incluido en el orden del día del próximo pleno, que comenzará el 30 de enero, la primera deliberación de este recurso de inconstitucionalidad cuya ponencia correrá a cargo de Laura Díez, magistrada elegida por el propio Sánchez. Fuentes jurídicas aseguran que se resolverá el recurso fallando a favor del Ejecutivo de Sánchez prorrogando la suspensión de los artículos impugnados y paralizando la ley.

El pasado mes de julio, el Gobierno gallego, que preside Alfonso Rueda, aprobó una nueva legislación autonómica de costas. El texto respondía al deseo de la Xunta de incrementar su capacidad para ordenar el litoral gallego, ya que consideraban que la Ley de Costas estatal no da respuesta a la problemática específica que ocurre en Galicia. El Gobierno de España consultó al Consejo de Estado sobre esta ley y el máximo órgano consultivo del Ejecutivo emitió un dictamen en contra del texto.

El documento del Consejo de Estado motivó al presidente del Gobierno para que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Rueda. Moncloa consideraba que el plazo de 15 años para restituir las obras ilegales en la costa recogido en dos de los artículos del texto autonómico choca con la legislación estatal, que no fija ninguna limitación temporal y abre la mano a actuar contra estas construcciones en cualquier momento.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite este recurso contra los artículos 10 y 11 y disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas el pasado mes de octubre. Tal y como se establece en la Constitución Española, los preceptos impugnados quedaron suspendidos debido a que el recurso contra el texto autonómico había sido promovido por el presidente del Gobierno. Así, los magistrados dejaron sin efecto los artículos sobre la prescripción de la obligación de restituir o reponer la legalidad por infracciones cometidas en las zonas costeras.

La suspensión automática cuenta con un plazo de cinco meses tras los cuales tendrá que resolverse el recurso y decidir si se prorroga la anulación. Fuentes consultadas señalan que se mantendrá la suspensión suspendiendo parcialmente la ley. Así, el Gobierno gallego no podrá aplicar sus criterios y plazos para actuar contra las construcciones ilegales en sus casi 8.000 kilómetros de acceso al mar.

Pulso en el Constitucional

El choque frontal entre el Gobierno de Sánchez y la Xunta en materia de costas lleva meses en el Constitucional. Sánchez defiende que es su competencia actuar contra las construcciones ilegales y la Corte de Garantías le ha dado la razón desde la admisión a trámite de su recuso.

Al mencionado recurso también se une un segundo en el que el Gobierno ha recurrido la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia. En este caso, el expediente se dirigió contra casi la mitad de la ley impugnada y provocó también la suspensión automática de parte de la ley. Los dos recursos del Ejecutivo contra Galicia fueron interpuestos en menos de dos semanas, evidenciando el pulso que mantienen ambas administraciones en el Constitucional.

Batalla de competencias

Moncloa se mantiene firme en su batalla por la gestión del litoral en Galicia esgrimiendo que las costas son competencia del Estado. La que fuera portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, detalló que la legislación aprobada por Rueda «invade sus competencias». 

Rodríguez también puntualizó que hay algunas comunidades autónomas que han asumido la gestión de competencias en materia de costas: «Cataluña, Andalucía y, recientemente, Canarias y Baleares lo hacen porque expresamente así lo reconocieron sus estatutos de autonomía. No es el caso de Galicia, que no ha reformado su Estatuto y, por tanto, no puede asumir esas competencias o funciones».

Por su parte, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda ha tachado de «broma» que el Ejecutivo central haya recurrido esta ley gallega para reorganizar su litoral costero «con la que está cayendo con la amnistía». «Ni lo entendemos, ni nos gusta», ha zanjado Rueda.

Galicia concentra el 19% de la costa española y su gestión enfrenta a Pedro Sánchez contra la Xunta. El presidente cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional que ha admitido sendos recursos.