ETA

La consejera del PSOE que excarcela a etarras prometió a las víctimas que les obligaría a pedir perdón

La consejera aseguró que las "secuelas del dolor seguían presentes en las víctimas"

PSOE
La consejera socialista María Jesús San José.
Pelayo Barro

La consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, afirmó el pasado mes de julio durante una conferencia con víctimas del terrorismo presentes que no «cesarían» en su intento de conseguir que, cuando los presos de ETA salieran de prisión, lo hicieran «admitiendo no sólo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado». San José, como responsable de Justicia, acaba de firmar el tercer grado a dos asesinos de ETA que, según confirman sus familias, ni han pedido perdón ni se han mostrado arrepentidos.

Durante su intervención en la apertura del curso de verano de la UPV/EHU, ‘Humanizar la prisión: esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco’, celebrado en el Palacio Miramar de Donostia, la consejera San José justificó la organización del evento destacando que el modelo penitenciario estaba en un momento decisivo, tras haber asumido la competencia integral sobre la gestión de las prisiones.

Insistió en que, aunque resultara difícil recordar la tragedia más reciente, Euskadi había logrado poner fin a ETA. No obstante, recordó que las «secuelas del dolor seguían presentes en las víctimas», que no olvidaban, y en los propios asesinos, que continuaban cumpliendo sus condenas impuestas por los tribunales, «con todas las garantías de sus derechos».

Según sus palabras, «el verdadero desafío consistía en que cuando los etarras salgan de prisión», salieran con arrepentimiento, empatía hacia sus víctimas, y con la voluntad de reintegrarse a la sociedad con los mismos derechos y obligaciones que el resto. Sin embargo, advirtió que esto no siempre ocurría.

«Que reconozcan el daño»

San José reiteró su compromiso, asegurando que, aunque los presos de ETA saldrían de prisión cuando correspondiera, «no cesarían en intentar que lo hicieran reconociendo el daño causado». Expresó su deseo de que, al igual que el resto de la población reclusa, también ellos pudieran ser preparados para reintegrarse a una Euskadi plural y cohesionada, que había resistido al proyecto político que intentaron imponer mediante el terror.

Por último, la consejera aclaró que las personas condenadas por terrorismo representaban apenas el 10% del total de la población reclusa en Euskadi. Aseguró que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos velaría de manera equitativa por los derechos de todos los presos, en colaboración con otras administraciones.

Afirmó que «la definición del modelo penitenciario estaba íntimamente relacionada con la definición de la sociedad que Euskadi aspiraba a ser», y señaló que, a pesar de la tragedia del terrorismo, Euskadi se había construido como una sociedad integradora, que no abandona a nadie y garantiza los derechos de todas las personas, tanto de quienes viven en libertad como de quienes cumplen condena.

San José subrayó que el nuevo Departamento de Justicia y Derechos Humanos tenía la responsabilidad de hacer valer esos derechos y de tomar decisiones para lograrlos. En este sentido, remarcó que la gestión penitenciaria era un «reto de inteligencia, prudencia, sensibilidad y compromiso», ya que todas las personas presas eventualmente salen de prisión.

Terceros grados

Los socialistas de País Vasco han dado esta semana el tercer grado al etarra Harriet Iragi que cumple condena en Bilbao por 3 asesinatos. Ésta es la primera autorización del PSE para que un terrorista de ETA cumpla su pena en régimen de semilibertad desde que los socialistas han asumido la Consejería de Justicia y Derechos Humanos y, por tanto, la gestión de las prisiones vascas, tras formar el Gobierno de coalición con el PNV.

Harriet Iragi es el autor de los asesinatos de José Martín Carpena, concejal del PP de Málaga, Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía, y Antonio Emilio Muñoz, coronel del Ejército del Aire. Fue condenado a 128 años de cárcel. Además, el juez instructor, Guillermo Ruiz Polanco, aseguró que el etarra lo había amenazado de muerte durante el juicio. «Si yo no fuera juez y usted no estuviera esposado, le daría dos hostias», le contestó el magistrado ante las amenazas, razón por la que le abrieron a él un expediente disciplinario.

Además, el etarra Luis Mariñelarena Garciandía también ha abandonado la cárcel de Martutene. Mariñelarena Garciandía cumplía condena en prisión por participar en el atentado con un coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del PSOE vasco, Fernando Buesa, y al ertzaina Jorge Díez Elorza, en febrero del año 2000.

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