La Comisión Europea alertó ya el 9 de enero de la amenaza del coronavirus

El 9 de enero científicos chinos identifican una nueva enfermedad causada por un coronavirus desconocido hasta entonces. En Wuhan se produce la primera muerte. Hay 40 contagiados y se mira al mercado de la ciudad como foco del brote, un lugar de venta de animales para consumo, vivos y muertos, desde pangolines hasta perros y serpientes. Ese mismo día, la Comisión Europea activa la primera alerta, que comparte con sus estados miembro. Harán falta aún dos meses para que el Gobierno español empiece a reaccionar.

El organismo comunitario abrió aquel 9 de enero lo que se conoce como  ‘Sistema de Alerta y Respuesta Temprana’, una plataforma de acceso restringido que conecta a la Comisión con las autoridades de los países de la UE, y destinada a «monitorizar las amenazas a la salud pública en la UE». Su acceso es confidencial y limitado a los Estados, al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria.

Una vez que los países han sido notificados por la Comisión Europea de una amenaza transfronteriza, el sistema permite compartir información, solicitar ayuda u organizar recursos, entre otros. Es decir, desde ese día, el coronavirus que comenzaba a azotar China se convirtió oficialmente un riesgo potencial para la salud pública de los países europeos.

We have been working tirelessly to coordinate efforts against #coronavirus since the beginning of the outbreak, from our alert notification to EU countries on 9 January to our recent #GlobalResponse effort.

Check the EU response timeline ↓ pic.twitter.com/c2DVAAl6Xr

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 25, 2020

Desde ese día, la Comisión Europea estableció un canal de contacto permanente con los Estados miembros sobre la necesidad de anticipación, de preparación y de movilización de sus recursos y sistemas sanitarios.

Inacción del Gobierno

En cambio, por entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez permanecía ajeno a la amenaza. El primer caso en España, un turista alemán en La Gomera que había estado antes en China, se detectó el 31 de enero. Diez días después, el 9 de febrero, se confirmó un nuevo contagio, un turista británico, en Palma de Mallorca. Dos semanas más tarde se desató la transmisión local y, con ello, se dispararon las infecciones. El 28 de febrero se detectaron dos más, aunque esta vez de origen desconocido, en Madrid y Andalucía. El 4 de marzo se conoció la primera muerte, un hombre de 69 años que había viajado a Nepal y que había fallecido a mediados de febrero por una neumonía. La prueba post-mortem reveló coronavirus.

Pese a ello, las autoridades sanitarias minimizaban los riesgos. Aún a finales de febrero, más de mes y medio después de que la Comisión Europea lanzase su alerta, desde Sanidad se negaban los riesgos. «Ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad», decía Fernando Simón el 23 de febrero. Un informe reciente del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) reveló que el coronavirus estaba ya disparado a mediados de ese mes. Y, como publicó OKDIARIO, un dossier de Sanidad confirma que ya el 25 de febrero el virus se propagaba como un torbellino por nuestro país.

El propio Simón acabó admitiendo que «es probable que el incremento de casos registrado la primera semana de marzo se debiera al incremento de la última semana de febrero». «Es perfectamente posible que hubiera casos asintomáticos que se nos escaparon y que no fueron detectados por los servicios sanitarios. Si no, no hubiera sido tan explosivo», reconoció.

Aún así, el Gobierno no empezó a reaccionar hasta la semana del 9 de marzo, justo después de las manifestaciones ideológicas del Día de la Mujer, autorizadas y azuzadas desde el Ejecutivo.

Sólo dos días después de esas marchas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció la prohibición de eventos de más de 1.000 personas. Se justificó en el escenario cambiante, aunque después se supo que el Gobierno conocía ya el domingo por la mañana, antes de la marcha del 8-M, que los contagios se habían disparado en Madrid. El 14 de marzo se aprobó el estado de alarma. Por entonces, España sumaba ya 5.753 casos y 136 fallecidos.

Pese a los avisos de los organismos internacionales, en los que se ampara para justificar su cuestionada gestión de la pandemia, el Gobierno no actuó.

Ahora, en cambio, sí reconoce, por ejemplo, que el 30 de enero el virus era ya una «emergencia internacional», según lo declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) y como recoge el Ejecutivo en numerosas respuestas por escrito a preguntas en el Congreso de los Diputados.

También rechazó adoptar medidas que procedían del ámbito comunitario.  El 2 de marzo, como reveló OKDIARIO, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades avisó a los  países con casos de coronavirus de la urgencia de prestar atención a una epidemia que podría tener «resultados fatales». 

En su informe, el centro aconsejaba cancelar los eventos multitudinarios, como las manifestaciones del 8-M o los «transportes abarrotados». Pero recogía además apreciaciones demoledoras. «El virus se propaga rápidamente y puede tener un enorme impacto en la salud pública con resultados fatales en grupos de riesgo», además, advertían los expertos europeos, de una «perturbación» social y económica.

Antes, el 30 de enero, la OMS también había avisado de que la propagación se podía frenar si se adoptaban medidas. En una reunión del Comité de Emergencias, este organismo concluyó que «todavía es posible interrumpir la propagación del virus si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo».