Cinco autonomías socialistas y Castilla y León disparan la mortalidad en la segunda ola de coronavirus

Pedro Sánchez sólo tiene ojos críticos para Madrid. Pero lo cierto es que el ranking más preocupante de todos los del Covid-19 apunta a territorios en su mayoría gobernados por el PSOE. Y es que cinco autonomías socialistas y Castilla y León (en manos del PP) disparan la tasa de mortalidad en la segunda ola del coronavirus. Madrid, por el contrario y una vez más, mejora la estadística y ayuda a reducir el porcentaje de fallecidos por cada 100.000 habitantes, tal y como prueban las cifras obtenidas del Instituto Nacional de Estadística (INE) por el equipo del diputado de Vox Juan Luis Steegman.

Los datos son tozudos, por mucha crítica que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieran lanzar contra el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso. La comunidad con mayor tasa de mortalidad por coronavirus es, de forma muy destacada, es Aragón, gobernada por los socialistas. Su dato de fallecidos por cada 100.000 habitantes se dispara hasta los 86 en la conocida ya como segunda ola (el periodo comprendido entre los días 27 de julio al 31 de septiembre -última medición del INE-).

La siguiente en esta triste clasificación de la pandemia del coronavirus es La Rioja, de nuevo, bajo mando de los socialistas: con 74 muertos por cada 100.000 habitantes. La tercera en elevar la tasa de mortalidad es la ‘popular’ Castilla y León, que sitúa su dato en 61 víctimas mortales. Le siguen cuatro comunidades socialistas: Asturias, con 46; Castilla-La Mancha, con 45 muertes; y Extremadura, con una tasa de 41.

La siguiente en la lista es Cataluña, gobernada por los separatistas (JxCAT y ERC): 36 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El ranking avanza con los territorios de Andalucía (34); Navarra (34); Madrid (33); Melilla (32); Comunidad Valenciana (31); Islas Baleares (28); Murcia (28); País Vasco (25); Galicia (24); Cantabria (19); Canarias (18); y Ceuta (16).

Manipulación de datos

Pero, claro, todo ello, sale de los datos imparciales recogidos en el INE. Porque la diferencia es abismal si se toman los que ofrece el Ministerio de Sanidad. Y es que el INE recoge el aumento de muertos con respecto al mismo periodo del año anterior: puesto que la única causa extra de muerte significativa es el coronavirus, la probabilidad es prácticamente plena de que ese exceso corresponda al COVID. El dato del Ministerio de Sanidad, por el contrario, muestra los datos oficializados por el Gobierno y que hayan sido certificados con un test o prueba analítica: puesto que Madrid es una de las que más test realiza, asciende en el ranking de tasa de mortalidad.

Así, en los datos del Ministerio de Sanidad, la primera en mortalidad es, de nuevo, Aragón (56); la segunda es Castilla y León (33); seguido de La Rioja (30); Madrid (29); Navarra (26); y País Vasco (23). Y es que los datos oficiales recogen innumerables manipulaciones y alteraciones de las series históricas estadísticas.

De hecho, OKDIARIO publicó hace una semana el dato INE de recuento de muertos en toda la pandemia en España: más de 60.000 fallecidos. En concreto, 60.210 víctimas mortales retratadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras el Gobierno reconocía en ese mismo instante tan sólo poco más de la mitad de los fallecidos: 35.639

El dato surgía igualmente de una actualización del INE. Y es que, mientras Pedro Sánchez no deja de poner el foco de sus ataques en Madrid, la mortalidad crece en toda España por el Covid-19 sin que ese desastre atraiga la atención del Gobierno central. De hecho, no atrae ni su reconocimiento de la cifra real, que se ha negado a admitir a lo largo de toda la pandemia.

Hay que recordar que el sistema de recuento oficial del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sólo incluye como muertes por coronavirus las certificadas con test, con lo que la mejor manera de aparecer bien en las estadísticas es no hacer test, justo lo peor para controlar los focos de contagio.

Gestión criticada

La escalada de la cifra de muertes por Covid, además de su ocultamiento, no puede ser tomado como ninguna sorpresa. Ya en el mes de abril, un estudio independiente del centro de investigación internacional Deep Knowledge Group (DKG) analizó la respuesta de cada país frente al coronavirus en base a un total de 24 criterios.

Las conclusiones para el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión fueron demoledoras: España era el peor país de Europa en el ranking de seguridad frente a la pandemia.

Los argumentarios que repetía incesantemente el Gobierno de Sánchez sobre su gestión del coronavirus giraban en base a que España actuó de forma ágil frente a la pandemia, que lo hizo de forma contundente y que la respuesta española era alabada en todo el mundo. Pero el estudio decía justo lo contrario y echaba por tierra cualquier justificación del Gobierno español.

El ‘Deep Knowledge Group’, un departamento de la firma de capital riesgo DKV con sede central en Hong Kong y filial en Londres que está especializada en el análisis de contingencias relacionadas con la salud, analizó la situación y la respuesta frente a la pandemia de 150 países. Y en base a los resultados elaboró diversos rankings sobre la gestión de los distintos gobiernos y el índice de seguridad para los ciudadanos de cada país. En el correspondiente a la Eurozona, España ocupaba el último puesto.

No se trató del único galardón lamentable. Al margen de las continuas referencias en la prensa internacional a la pésima gestión del Covid, Europa también suspendió al Gobierno socialcomunista en la crisis del coronavirus en agosto. Esa vez, España recibió la peor puntuación en la gestión de la colaboración de la sanidad privada en la lucha contra la pandemia de Covid-19, según el análisis de un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Según estos expertos, la decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas «sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas a cada una de las 17 comunidades autónomas, sin directrices y sin un modelo claro y homogéneo que permita el cobro de los gastos soportados durante la crisis sanitaria, han generado un perjuicio inasumible para las clínicas».