El CGPJ tacha de «involución» el proyecto para dar a los fiscales la instrucción judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ultima el dictamen preceptivo solicitado por el Gobierno de la reforma legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que deja en manos de los fiscales la instrucción judicial penal. Según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, los cuatro vocales que firman este documento consideran «inviable» que los fiscales pasen a ser jueces instructores. Además, tachan de «involución» el anteproyecto de ley impulsado por Félix Bolaños, ya que consideran que causa «indefensión» en el enjuiciado. Este pronunciamiento del Poder Judicial se votará en el pleno del mes de junio.

El ministro Félix Bolaños ha desempolvado uno de los proyectos estrella de su cartera. Se trata de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que comprende el conjunto de normas que regulan las actuaciones judiciales de un proceso penal. La vigente LECrim se aprobó en 1881 y, desde entonces, se ha actualizado en varias ocasiones para adaptar la norma a las necesidades actuales del derecho procesal penal, sin embargo, no se ha producido una reforma integral de la ley. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido este reto y sus planes pasan porque los fiscales asuman las instrucciones de los procedimientos judiciales en materia penal, algo que lleva aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Los vocales a los que se ha encargado el informe consultivo sobre la reforma se han posicionado a favor de rehacer estas normas que rigen a los fiscales, sin embargo, solicitarán en su dictamen que se garantice su independencia. No obstante, se muestran escépticos sobre que los fiscales acojan la instrucción judicial debido a que en España hay el doble de jueces que de fiscales, por lo que esta ley que prepara el Gobierno podría obstruir aún más la justicia española.

«Si se reforma la ley tendríamos un tercer modelo diferente para instruir las causas penales, lo que propone el Gobierno genera indefensión, ya que el fiscal puede anular las pruebas practicadas y sobre su figura recae todo el peso de la acusación», explican fuentes jurídicas encargadas de emitir el dictamen.

Este nuevo varapalo del Poder Judicial pondrá en entredicho que los fiscales asuman una instrucción judicial al detectar numerosos fallos jurídicos en el anteproyecto para reformar la LECrim. Su votación será a principios de junio y las fuentes consultadas señalan que no habrá unanimidad. El informe cuenta con centenares de páginas de extensión y los cuatro vocales que han estudiado el asunto llevan meses trabajando en su redacción.

Objetivo de Bolaños

El proyecto de reformar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se lanzó hace cuatro años, sin embargo, este plan ha pasado por tres ministros sin culminarse. Ahora, Bolaños prevé tener listo el texto antes de que acabe el año y ya ha presionado a los órganos consultivos del Estado para que emitan sus conclusiones sobre la ley. Estos dictámenes no son vinculantes.

El Ministerio de Justicia solicitó por primera vez este informe al CGPJ en 2021. Tres años después, el órgano de Gobierno de los jueces aún no ha remitido el documento, por lo que el pasado mes de marzo Justicia envió una carta al Poder Judicial para que aceleraran el proceso. La redacción de este informe ya está en la mesa de los vocales que están ultimando sus conclusiones contra la ley que prepara el Gobierno de Sánchez.

Los fiscales a favor

Los fiscales se han mostrado a favor de ser los instructores durante una investigación judicial penal, algo que ya ocurre en muchos países de la Unión Europea. Si bien voces discordantes señalan que no es el mejor momento para hacerlo, puesto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está más cuestionado que nunca hasta el punto de que su nombramiento ha sido impugnado en el Tribunal Supremo por sus propios compañeros.

Félix Bolaños ya ha informado al fiscal general que la reforma del anteproyecto de ley por el que se rigen las actuaciones en un proceso penal pasa por una reforma del estatuto fiscal. Álvaro García Ortiz ha trasladado este encargo al Consejo Fiscal al que asisten los representantes de las asociaciones de fiscales.

Por el momento, las negociaciones no están llegando a buen puerto, puesto que las asociaciones mayoritarias de fiscales han roto la negociación con García Ortiz, impidiendo así la reforma del estatuto para que los fiscales puedan asumir una investigación judicial. Al margen de estos obstáculos, Moncloa continúa sus planes de otorgar un mayor poder a los fiscales, cuyo líder es elegido por el propio Consejo de Ministros, que a su vez elige entre sus afines para ocupar los puestos de la cúpula del Ministerio Fiscal.