Celaá se escuda ahora en «no hacer campaña» para evitar responder tras el Consejo de Ministros

Viernes de campaña en la sala de prensa del Palacio de La Moncloa. Mientras la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha empezado su intervención ante los periodistas recordando que «estamos aquí para cumplir como es habitual en la democracia española, como ha hecho siempre el Gobierno de España, con la obligación de informar a la ciudadanía de las decisiones tomadas» por el Ejecutivo, un mensaje que ha repetido hasta en dos ocasiones en clara referencia a la queja del PP y Ciudadanos por denunciar la utilización de estas comparecencias semanales para hacer campaña electoral, Magdalena Valerio ha reprochado hasta en cuatro ocasiones la falta de presupuestos.

Desde el Ejecutivo esperan a que el próximo lunes la Junta Electoral Central decida sobre el recurso de la Secretaria de Estado de Comunicación respeto a las alegaciones presentadas, que se puede continuar informando «por normalidad democrática». Luego Celaá no ha querido responder «desde la mesa del Consejo de Ministros» sobre si éste es o no un gobierno feminista, como tampoco lo ha hecho a si van a facilitar a Oriol Junqueras -candidato de ERC a las elecciones generales- hacer campaña desde la prisión, respeto el apoyo al Gobierno o los abucheos recibidos por Pedro Sánchez esta semana. También Valerio ha obviado responder a una pregunta con detalles económicos «porque no quiero hacer campaña aquí».

‘Viernes sociales’

Valerio asegura que el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en el puesto de trabajo, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo «recuperar el subsidio para más de 114.000 personas mayores de 52 años que no tienen derecho a prestación a día de hoy». Esta medida también favorecerá a unas 266.000 personas que ya recibían una prestación pero que pasarán de cotizar el 100% de la base mínima de cotización al 125%.

Según Magdalena Valerio, «el objetivo es que estas personas encuentren empleo y no se encuentren permanentemente excluidas del sistema de trabajo» pero de no encontrarla, podrán cobrar el subsidio hasta que cumplan la edad legal de jubilación, sin tener que decidir entre jubilación anticipada o subsidio. En este sentido, desde su ministerio se ha dado luz verde a una bonificación anual de 1.300 y 1.500 euros para la contratación de personas desempleadas de larga duración, a día de hoy más de 1.300.000 en España. La ministra ha justificado la diferencia de 200 euros anuales en la bonificación entre hombres y mujeres «para paliar la brecha salarial» y porque «las mujeres suponen un 64% de los desempleados de larga duración.

El ejecutivo también aumentará hasta los 341 euros la ayuda por hijo menor a cargo, una cifra que podría aumentar hasta los 588 euros en el caso que la familia destinataria tenga una situación de pobreza extrema. Unas ayudas que según la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social permitirá mejorar la situación a 88.000 niños. En modo campaña electoral, Magdalena Valerio ha recordado que «son medidas que ya estaban en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que no se pudieron aprobar».