Cataluña recorta un 98% el gasto por «inmigración» mientras Sánchez llena de menas las regiones del PP

Mientras al Gobierno del PSOE y Sumar se le llena la boca exigiendo «solidaridad» para justificar la descontrolada inmigración ilegal que acumula España, la principal comunidad autónoma donde gobiernan los socialistas, la Cataluña de Salvador Illa, ha recortado de forma abismal el gasto público dedicado a «atención de la inmigración». Tan abismal ha sido el tijeretazo que, en la práctica, prácticamente ha sido eliminado por completo en lo que va de año. El recorte ha sido del 98%.

Mientras, Sánchez se dispone a trasladar miles de menas desde Canarias a autonomías peninsulares gobernadas por el PP. En el reparto ha excluido a Cataluña y al País Vasco para contentar a sus socios independentistas.

Según los datos económicos oficiales de la Generalitat, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, de los 15,5 millones de euros que tiene consignados en sus presupuestos para ayudas básicas de atención a inmigrantes, entre enero y mayo de este año sólo ha gastado realmente 100.000 euros. La cifra contrasta con los 3 millones de euros que tuvo que dedicar por ese concepto en los cinco primeros meses de 2024.

El socialista Salvador Illa se mantiene al frente de la Generalitat gracias al pacto de investidura que alcanzó con los independentistas de ERC, que los sostienen en el poder con su apoyo en el Parlamento autonómico.

Mientras la Generalitat catalana aplica este tremendo tijeretazo al gasto en «atención a la inmigración», Pedro Sánchez –estrecho amigo de su ex ministro Illa– se dispone a llenar de menas las regiones del PP. Ha decidido repartir por la Península 4.000 menas que permanecen ahora en Canarias, islas asfixiadas por la continua llegada de inmigración ilegal. Parte de esos menas también serán trasladados a la Península desde Ceuta y Melilla. La mayoría los llevará Sánchez a autonomías gobernadas por los populares, pese a la oposición frontal de estos ejecutivos regionales.

Autonomías en pie de guerra

El PP ha denunciado que el Gobierno de Sánchez está actuando de forma unilateral, sin un consenso previo ni diálogo al respecto con las comunidades autónomas. El Ejecutivo castellanomanchego del antisanchista Emiliano García-Page (PSOE) también se ha plantado contra esa decisión del Gobierno central y, al igual que autonomías del PP, la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Pese a ese frente general de oposición, Sánchez sigue adelante con su plan de reparto masivo de menas del que quedan fuera Cataluña y el País Vasco. Ha asegurado que esos traslados comenzarán el 28 de agosto.

Prácticamente la mitad de esos 4.000 menas irán a parar a tres autonomías gobernadas por el PP: Andalucía (677); Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). Según el plan diseñado unilateralmente por el Ejecutivo de Sánchez, la cuarta región que más menas recibirá será Castilla-La Mancha (320).

Los recursos interpuestos por las autonomías contra el decreto del Gobierno sobre este reparto masivo de menas han sido admitidos por el Tribunal Constitucional. El primer Ejecutivo regional en presentar y lograr la admisión del recurso fue el de Ayuso, sustentado en un informe jurídico de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en el que se subraya que esa orden del Gobierno de Sánchez «invade las competencias exclusivas del Gobierno regional».