Bolaños revienta el nuevo CGPJ: provoca que el ala izquierdista desbarate 36 nombramientos pactados

El bloque izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha roto de manera inesperada un acuerdo alcanzado para nombrar a 36 altos cargos judiciales, entre ellos la presidencia de la Audiencia Nacional y sus cuatro salas, que debían aprobarse en el Pleno de este miércoles 12 de febrero. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas señalan directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, como responsable de dinamitar el pacto.

Las fuentes consultadas recuerdan que la actual presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, «no era la primera elección del Gobierno de Pedro Sánchez para el puesto». Las mismas fuentes subrayan que «el ministro de Justicia no ha dejado de poner palos en la rueda del nuevo Consejo del Poder Judicial». Frente a los 36 nombramientos de la semana pasada por consenso, ahora Bolaños ha decidido que hay que renovar primero los puestos más críticos (las presidencias de Sala del Supremo) y, mientras tanto, bloquear toda la escala que hay por debajo que genera grandes ineficiencias en la Justicia española.

La ruptura del acuerdo se produce en circunstancias sin precedentes en este CGPJ. Los grupos negociadores de ambos bloques habían alcanzado un pacto sólido durante la mañana del martes que incluía un amplio paquete de nombramientos. Sin embargo, cuando los negociadores izquierdistas lo comunicaron al resto de vocales de su grupo -un trámite que suele ser una mera formalidad- el acuerdo saltó por los aires. «Es la primera vez en este nuevo CGPJ que un acuerdo se rompe después de que los dos grupos negociadores alcanzaran un pacto», lamentan las fuentes.

El fracaso de las negociaciones tiene importantes consecuencias prácticas. Para que los nombramientos salgan adelante se necesitan 13 votos favorables en el Pleno. Tras la ruptura del acuerdo, el bloque de derechas no cuenta con los votos necesarios para renovar la Audiencia Nacional y varios órganos más.

Puestos bloqueados

Entre los cargos que quedan en el aire destacan especialmente la presidencia de la Audiencia Nacional y las presidencias de sus cuatro salas (Penal, Contencioso-Administrativo, Social y de Apelación). El paquete de nombramientos también incluía seis magistrados de Audiencias Provinciales y cuatro presidentes de Sala de varios Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), además de siete jueces para la jurisdicción militar.

Las presidencias de la Sala Penal y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que también están pendientes de renovación, se habían dejado para más adelante en las negociaciones. Precisamente, las magistradas izquierdistas Ana Ferrer (Sala Penal) y Pilar Teso (Sala de lo Contencioso-Administrativo) eran las candidatas favoritas del Gobierno y del propio Bolaños para estos puestos. Pero el CGPJ había acordado retrasar esa negociación más delicada.

Esta crisis se produce apenas dos semanas después de que la presidenta Perelló criticara públicamente los ataques a los jueces durante el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de la Carrera Judicial, presidido por Felipe VI. En su discurso, Perelló advirtió que «no son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial» y señaló que tales acciones «erosionan el Estado de Derecho y nuestra sociedad democrática».

La ruptura del acuerdo supone un nuevo obstáculo en la normalización del funcionamiento del CGPJ, después de que el Ejecutivo hubiera bloqueado durante el último año los nombramientos por estar el Consejo en funciones. Los nombramientos que debían aprobarse hoy incluían también las presidencias de numerosos tribunales territoriales, entre ellos los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León, así como las presidencias de las Audiencias Provinciales de Murcia, Álava, Segovia, Lleida, Sevilla, Málaga, Soria, Palencia, Ourense, Girona, Gipuzkoa, Burgos, Alicante, Pontevedra, Lugo, Jaén, Las Palmas y Huesca.

Informe sobre nueva ley

Por otra parte, el Pleno del CGPJ ha aprobado por unanimidad el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que regulará el derecho de rectificación, valorando positivamente su actualización para adaptarlo al entorno digital. La nueva normativa incluye como novedad la obligación de rectificación para «influencers» con más de cien mil seguidores, una reducción significativa respecto al umbral anterior de un millón.

El informe destaca que este derecho está vinculado a los derechos fundamentales al honor y a comunicar y recibir información, sirviendo como instrumento para promover el pluralismo en la comunicación pública. Una de las principales novedades es la ampliación de los sujetos obligados, que ahora incluye expresamente a usuarios de especial relevancia en plataformas digitales, además de los medios de comunicación tradicionales.

Entre las recomendaciones, el CGPJ sugiere la creación de un registro para usuarios de especial relevancia, la incorporación de reglas específicas para menores de edad -proponiendo los 16 años como edad mínima para ejercer este derecho-, y la ampliación del plazo de rectificación a tres meses para publicaciones digitales, siguiendo el modelo francés. Además, el órgano judicial recomienda establecer un régimen sancionador y revisar el texto para garantizar un lenguaje inclusivo.