Balaguer resiste las presiones: disputará a Pumpido la presidencia del Constitucional

La magistrada del bloque de izquierdas María Luisa Balaguer no resiste las presiones y se enfrentará a Cándido Conde-Pumpido en su batalla por la presidencia del Tribunal Constitucional. Así de tajante se lo ha transmitido la propia Balaguer a sus allegados, este lunes, durante el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados: Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, nombrados a propuesta del Ejecutivo que han relevado a Pedro González-Trevijano y a Antonio Narváez; y María Luisa Segoviano y César Tolosa, designados por el Consejo General del Poder Judicial, sustituirán al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a Santiago Martínez-Vares.

Y es que el cargo al que aspiran Pumpido y Balaguer se cotiza al alza y la llave la tiene la magistrada del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano que acaba de ser nombrada a propuesta del CGPJ y acaba de tomar posesión este mismo lunes de su cargo. Si Segoviano apoya a Balaguer, ésta se convertirá en presidenta sin ninguna duda puesto que contará con el apoyo de los magistrados nombrados a propuesta del PP. Estos son Enrique Arnaldo, Concha Espejel, César Tolosa y Ricardo Enríquez. Por tanto, sumará el apoyo de seis compañeros frente a los cinco del bloque izquierdista con el que cuenta Conde-Pumpido, dado que el tribunal actualmente está compuesto sólo por once miembros –y no doce como establece la Constitución– porque el PSOE está bloqueando cubrir la vacante que dejó libre el magistrado propuesto por el PP Alfredo Montoya.

Así, Pumpido tiene asegurado el apoyo de los magistrados afín a los socialistas Ramón Sáez y María Luisa Montalbán y también contará previsiblemente con el respaldo de los dos miembros que acaban de ser propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez: Juan Carlos Campo y Laura Díez. Cinco votos asegurados. Si Segoviano decide cambiar su apuesta y secundar al que fuera ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, éste obtendría los seis votos necesarios para hacerse con la presidencia. Por eso el voto de Segoviano es la bisagra que va a abrir la puerta a Pumpido o Balaguer.

Este martes se reúnen los magistrados por bloques –los de izquierdas y los propuestos por el PP– para fijar su posición de cara al Pleno que se celebrará el miércoles a las 13.00 horas para elegir al próximo presidente del Constitucional. La reunión ha sido convocada por el presidente interino, Ricardo Enriquez, que sustituye en funciones a Pedro González-Trevijano, a petición de los magistrados Pumpido y Ramón Sáez. Fuentes internas del Tribunal Constitucional aseguran que “estos dos magistrados han solicitado retrasar el Pleno al miércoles alegando que necesitaban tiempo”, pero –señalan– “en realidad buscan presionar y ganar nuevos apoyos”.

Declaraciones

En las últimas semanas, la magistrada a Segoviano ha reconocido que el derecho a la autodeterminación «es un tema complejo» que habría que «estudiar». En este mismo sentido se ha pronunciado la magistrada Balaguer quien ha asegurado que «está aquí para generar nuevas posiciones en el Derecho» y, ha añadido, que «en supuestos concretos es necesario superar la Ley». Unas revelaciones que se han percibido como un acercamiento al independentismo catalán. Pero, fuentes del Constitucional aseguran a OKDIARIO que estas declaraciones buscan el voto –a favor de Balaguer en la batalla contra Pumpido– de la nueva magistrada Laura Díez, ex asesora de la Generalitat entre 2002 y 2004 para la reforma del Estatut.

Estas mismas fuentes perciben las declaraciones de Segoviano y Balaguer como una estrategia para conseguir el apoyo de Díez, la elegida junto al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo por el Gobierno de Pedro Sánchez para ocupar una de las vacantes en el Tribunal de Garantías. Laura Díez Bueso ejerció en el Gobierno de Sánchez como directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, primero, y después como directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en Moncloa. Un cargo que ocupó hasta abril de este mismo año. Pero, además, la magistrada fue asesora de la Generalitat entre 2002 y 2004 para la reforma del Estatut, varios de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales.