El Constitucional acepta como miembros a un ministro de Sánchez y a una ‘fontanera’ de Moncloa

El Tribunal Constitucional ha aceptado como nuevos magistrados al que fuera ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez Bueso. Así lo ha decidido este jueves el Constitucional en un Pleno Gubernativo para examinar la idoneidad de los candidatos propuestos por el Ejecutivo de Sánchez y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con esto, se da por finalizada la renovación de la corte de garantías. Campo y Díez relevarán a Pedro González-Trevijano, el que fuera presidente del Constitucional, y a Antonio Narváez, respectivamente. Por otro lado, María Luisa Segoviano y César Tolosa, designados por el Consejo General del Poder Judicial, sustituirán al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a Santiago Martínez-Vares. La corte de garantías ha aprobado la idoneidad de los cuatro candidatos y considera que cumplen con los requisitos necesarios para el puesto.

Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez desde junio de 2020 hasta julio de 2021. Fue el encargado de diseñar los indultos a los golpistas catalanes condenados en el Tribunal Supremo por la organización del 1-O, con Oriol Junqueras a la cabeza, y que fueron condenados hace año y medio.

En su hoja de servicios como ministro también consta la reforma del delito de sedición. Al menos dejó preparado este cambio legislativo, puesto que Pedro Sánchez fue más allá al impulsar no una modificación de este delito, sino su derogación con el apoyo de sus socios en el Congreso.

Laura Díez

Laura Díez Bueso ha ejercido varios cargos en el Ejecutivo de Sánchez, tanto en la pasada legislatura como en la actual. Desde febrero de 2020 hasta el pasado 26 de abril fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuando fue nombrada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo. También ha prestado sus servicios para el ministro Félix Bolaños, que sucedió a Calvo al frente de este departamento en julio de 2021. Antes, había ocupado el cargo de directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, bajo el mismo departamento de Presidencia, entre 2018 y 2020, cuando José Antonio Montilla ocupó ese puesto.

Tras su paso por el Ministerio de la Presidencia, pasó a ser vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Fue nombrada para este cargo el pasado 25 de mayo. Esta institución tiene como objetivo analizar si las leyes que se aprueban respetan tanto la Constitución como el Estatuto catalán.

En su trayectoria política también consta su paso por el Gobierno catalán, para el que ejerció de asesora para la reforma del Estatuto de esa comunidad autónoma entre 2002 y 2004. Tras ese cargo y hasta 2010 fue adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña, un organismo asimilable al Defensor del Pueblo español, que tiene la función de atender las quejas de los ciudadanos sobre la actuación de la administración y que vela por el buen funcionamiento de las instituciones catalanas, tanto la autonómica como las locales. Al Síndic lo elige el voto mayoritario del Parlamento de Cataluña y es políticamente independiente.

Cambio de mayoría

Con la entrada de estos cuatro candidatos, se produce un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional. Hasta ahora, el tribunal contaba con 6 magistrados propuestos por el PP y 5 afines a los partidos de izquierdas.

La entrada de María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez provoca que los magistrados propuestos por el PSOE y sus socios de Gobierno pasen a ser mayoría, con 7. Los candidatos del PP, se quedarán con 4.

Todo ello, a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo en verano por motivos de salud. La ley estipula que la plaza de este magistrado se cubrirá de la misma forma en la que se designó y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Antes de su designación, el elegido deberá comparecer previamente ante la correspondiente comisión de la sede legislativa.