La Audiencia ordena al juez seguir investigando a Iglesias pese al perdón de Dina
La Audiencia Nacional falla que el juez Manuel García-Castellón continúe investigando al ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias por destrozar la tarjeta SD de su asesora en el Parlamento europeo. En un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal concluye que existe una «incongruencia innegable» en las razones expuestas por la ex asesora de Iglesias Dina Bousselham en la solicitud de archivo de la causa.
Con el único objetivo de salvar de una imputación a su jefe, Bousselham asegura a los jueces que «por la confianza que tiene con Iglesias acepta que conociese los archivos que contenía la tarjeta» sin su consentimiento previo y que no se la devolviese de forma inmediata. Por ello, recalca, no le ha denunciado. Hay que destacar que después de que Dina Bousselham decidiera no acusar a Iglesias, éste la colocó al frente del panfleto podemita La Última Hora. Por todo ello, la joven de origen marroquí solicita el archivo de las actuaciones con el objetivo de que Iglesias no sea investigado.
Pero la Sala ha determinado que la ex asesora no se opuso al auto del Tribunal Supremo en el que ordenaba al juez García-Castellón continuar investigando a Iglesias y realizar una nueva pericial, sin embargo, sí se opone a las diligencias acordadas por el instructor de la Audiencia Nacional para dar cumplimiento a lo requerido por el Alto Tribunal. La Sala califica la actuación de Dina Bousselham de «incongruente» y rechaza la solicitud para dar carpetazo a la causa.
Destrucción de la tarjeta
El misterio sobre la destrucción de la tarjeta de Dina Bosselham está a punto de resolverse. Esta será la clave de una posible imputación del ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias. De confirmarse que fue el ex vicepresidente del Gobierno quien destruyó la tarjeta de memoria antes de entregársela a su propietaria, el que fuera líder de los morados se enfrentaría a un delito de daños informáticos.
El instructor del caso Dina elevó, en octubre del pasado año, una exposición razonada ante el Tribunal Supremo con los indicios delictivos cometidos presuntamente por Iglesias. En el escrito, García-Castellón relató que Pablo Iglesias recibió del dueño de la extinta Interviú, Antonio Asensio, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham el 20 de enero de 2016.
El ex vicepresidente comprobó en la redacción de la revista de investigación que la tarjeta almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de su ex asesora en el Parlamento Europeo.
Se la guardó
«Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», subrayaba el escrito.
El magistrado señaló como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta inoperativa que guardaba en su poder y advirtió que «se ha podido confirmar que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento», señaló el juez.
Tras una larga investigación que está a punto de finalizar, el juez no alberga duda alguna sobre la autoría de Iglesias en los presuntos hechos delictivos. En un auto con fecha 31 de mayo, el magistrado aseguró tajante que «la única explicación posible» para entender por qué la tarjeta de Dina Bousselham está destruida es que «los daños se causaran mientras estaba en poder del ex líder de Podemos».
Fuentes consultadas por este periódico manifiestan que sólo queda por cerrarse algún fleco de la investigación. Sin embargo, los investigadores ya han dado con el quid de la cuestión: en un informe clave, que están redactando, recogen indicios sólidos de la autoría de Iglesias en los presuntos hechos delictivos. Tal y como adelantó OKDIARIO, el magistrado García-Castellón solicitará nuevamente la imputación del ex líder morado, pero, subrayan, se inhibirá en favor de los juzgados de Plaza de Castilla, dado que el delito en cuestión no es competencia de la Audiencia Nacional.