Artadi y Bonvahí se reunieron el viernes con Sánchez en la cárcel para ultimar el acuerdo del 28A

Con el presidente de La Crida, Jordi Sánchez, preso en Soto del Real, las negociaciones entre este movimiento y el Partit Demòcrata para cerrar una candidatura conjunta de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril se trasladaron ayer al penal madrileño, con la visita del presidente del PDeCAT, David Bonvahí, y la consejera de la Presidencia de Quim Torra, Elsa Artadi, que en los próximos días anunciará su salto a la política municipal.

En la cárcel, Sánchez, Artadi y Bonvahí exploraron todas las posibilidades para confluir entre el partido heredero de Convergència Democràtica de Catalunya y el entorno de Junts per Catalunya, en el marco de La Crida que aglutina personas tanto de Convergència como de Esquerra e Iniciativa per Catalunya Verds, como el secretario general del partido Antoni Morral. El encaje no es fácil, pero ambos movimientos parecen dispuestos a llegar a un acuerdo.

Tal como avanzó OKDIARIO hace unos días, el líder de La Crida encarcelado, Jordi Sánchez, se perfila como número uno de la lista por Barcelona haciendo tándem con la vicepresidenta del PDeCAT -aunque muy cercana a Carles Puigdemont- Miriam Nogueras, actualmente diputada en el Congreso, y el portavoz de JXCat en el Parlament, Eduard Pujol, de número tres. La Crida y el PDeCAT tienen intención de dar cabida también a los presos Josep Rull y Jordi Turull en las listas, seguramente por las demarcaciones de Lleida y Tarragona.

La actual consejera de Cultura, la radical Laura Borràs, también está en las quinielas para hacer el salto al Congreso. Como ella, el líder de las juventudes del partido Sergi Miquel o el actual portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, podrían ocupar también uno de los puestos de salida.

La configuración de las listas de la derecha independentista, según fuentes de ambas formaciones, dejará un grupo parlamentario al dictado de Carles Puigdemont, con algunos de los liderazgos más radicales que hay ahora entre los separatistas, lo que dificulta cualquier vía de diálogo y negociación, ya sea para la investidura o para la aprobación de algunas leyes que requieran de un amplio consenso.