Apenas un 38,3% de los españoles ve necesario reformar la Constitución

La Constitución cumple 43 años y los españoles confirman su vigencia como marco esencial para afrontar los retos de futuro. Los ciudadanos son plenamente conscientes de los peligros que entrañaría abrir ahora el melón de la reforma constitucional, con un Gobierno que está al acecho de las instituciones, plegado a los intereses de independentistas y proetarras, que ataca sistemáticamente la independencia judicial, que busca mermar la libertad de expresión y controlar a los medios, que impulsa reformas para desacreditar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que altera la concordia con su llamada ley de «memoria democrática».

Ejemplos de una gestión que, inevitablemente, genera temor entre la opinión pública de cara a abordar una posible reforma de una Carta Magna que, durante más de cuatro décadas, ha servido de garante de las libertades y el Estado de Derecho. Así lo confirma la encuesta de Data10 para OKDIARIO, según la cual, un 51,2% de los españoles opina que una reforma, dada la actual situación política, sería «peligrosa» frente a un 38,3% que la ve necesaria.

Revelador es que hasta un 35,8% de votantes del PSOE descarta esa reforma, un amplio porcentaje que demuestra la desconfianza que Pedro Sánchez genera entre su propio electorado. En este caso, son los votantes del PP los que se muestran más cautelosos con modificar el texto constitucional (se opone hasta un 79,3%), seguidos de los de Ciudadanos (75,85%) y Vox (75,3%). Igualmente llamativo es que hasta un 21,2% de quienes apoyaron a Podemos se suma a ese rechazo.

El empeño de Sánchez por reformar la Constitución está plenamente vigente. Y prueba es la reciente creación, en la nueva Ejecutiva socialista, de la Secretaría de Reforma Constitucional en manos de Félix Bolaños. El alcance de esa reforma se recoge, negro sobre blanco, en la hoja de ruta ratificada en el reciente 40º Congreso Federal y que establece la Declaración de Granada (2013) como punto de partida para avanzar hacia una «estructura federal del Estado» a través de una reforma de la Constitución. «La España multinivel moderna es la que ofrece cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la ley para dar salidas a situaciones como la de Cataluña, en clave de mayor profundización del Estado de las autonomías», admite el PSOE en sus resoluciones, avanzando sin ambages la voluntad de propiciar un desmantelamiento del modelo de Estado.

La propuesta de Sánchez se completa con la Declaración de Barcelona, el documento pactado entre el PSOE y el PSC en julio de 2017 en el que se habla de una reforma para «reconocer plenamente» el «carácter plurinacional» de España y, en concreto, «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña».

La rendición del presidente socialista a sus socios separatistas y proetarras genera suficientes argumentos para desconfiar del alcance de esa reforma, pues estos nunca han ocultado que su fin último es tumbar el texto constitucional. Y cabe recordar su lista de exigencias, que abarca desde el derecho de «autodeterminación» a la revisión total del modelo autonómico, el referéndum sobre Monarquía o República o incluso la supresión misma del título de Rey. Sirvan unas recientes palabras de Bildu, aliado preferente del Ejecutivo: «Si la Constitución va a ser el traje que nos encorsete habrá que cambiarla».

Apoyo al Rey

Precisamente, los españoles responden también en la encuesta al ataque del séquito Frankenstein contra el monarca. Apenas un 29,7% opina que el Rey «tiene demasiadas prerrogativas», frente a un 61,4% que considera que «habría que reforzar» su papel (29,5%) o al menos «dejarlo como está» (31,9%). Entre los votantes del PSOE, el apoyo es también mayoritario a favor del monarca (50,8%) frente al 39,1% que ve excesivos sus privilegios. Los votantes de PP y Vox se inclinan preferentemente por fortalecer el papel del Rey en la Constitución (41,8% y 62,3%, respectivamente) mientras que los de Podemos compran el discurso antimonárquico de sus líderes, con un 72,9% en contra de sus actuales funciones y derechos.