Marchena obliga a la abogada del Estado en el 1-O a depender del que fulminó Sánchez

El Tribunal Supremo ya ha dado muestras de rechazar las intromisiones políticas de Pedro Sánchez en el juicio del 1-O. Y lo ha vuelto a hacer con un sonoro zasca procesal. El tribunal se ha negado a dar nuevas claves de acceso al sistema informático en la nube a los nuevos representantes de la Abogacía del Estado. El responsable de las mismas es el letrado que Sánchez abogado fulminó para suavizar la acusación, de rebelión a sedición. Por eso, los nuevos representantes de la Abogacía del Estado deberán pedir al antiguo representante en la causa las claves de acceso al sistema.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fulminó al abogado del Estado que pedía la condena por delito de rebelión en el caso por el golpe de Estado separatista -el PSOE quiere una condena más suave para lograr mantener sus apoyos separatistas- por ello al recién aterrizado presidente no se le ocurrió otra cosa que deponer al abogado encargado de la defensa de los intereses del Fisco español porque solicitaba una condena excesiva a ojo de los golpistas.

El nuevo equipo de la Abogacía del Estado personado en el juicio del 1-O como acusación particular solicitó entonces alterar las claves de entrada del sistema informático para poder acceder con nuevos nombres a la ‘nube’ en la que se cuelga toda la información y actuaciones del juicio. La razón: que las claves eran precisamente las del abogado fulminado por Sánchez. Y la respuesta del Supremo ha sido negativa: las claves ya han sido dadas a la acusación de la Abogacía y, por lo tanto, el problema ahora es de ellos.

No se trata de ningún boicot a la acusación de los equipos de abogados del Gobierno. De hecho, en el Supremo no se oculta que, si se generan problemas en la coordinación interna dentro de Abogacía del Estado, entonces accederán al cambio de las claves y vías de acceso a la nube virtual. Pero sí ha supuesto un sonoro toque de atención para recordar que los movimientos y negociaciones políticas no alterarán las decisiones judiciales. Y el cambio del abogado del Estado representante de la acusación particular fue, obvia y evidentemente una decisión política para plegarse a las exigencias separatistas e intentar rebajar las penas sin la más mínima argumentación jurídica. Tan sólo por motivos políticos de sumisión a los socios del Gobierno.

El Gobierno decidió destituir al abogado del Estado encargado de la causa, Edmundo Bal. Lo hizo, simple y llanamente porque se oponía a tramitar la acusación ante el Tribunal Supremo exclusivamente por el delito de sedición, y defendía que debía mantenerse la rebelión -con penas claramente superiores-, tal y como defiende la Fiscalía, y tal y como defiende la acusación popular de Vox.

La decisión le fue comunicada directamente por su superior jerárquico, la abogada general, Consuelo Castro. Y en esa decisión, evidentemente, pesó la exigencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Un cese sin disimulo

Justicia no se molestó demasiado en disimular el cese por cuestiones políticas y aseguró que la causa del cese era la pérdida de confianza que provocó su negativa a firmar el escrito que se presentó ante el alto tribunal: un escrito en el que precisamente se descartaba la violencia durante los hechos del 1-O. Y sin esa violencia decaía el tipo delictivo de rebelión.

En ese escrito trasladado por la abogada general, y avalado por la ministra socialista, se reclamaban penas mínimas de 12 años de cárcel para el principal de los responsables, Oriol Junqueras. La acusación, además, incluía una firma destacada que dejaba ver claramente lo ocurrido. La firma era la de la propia Castro, la jefa del departamento tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, quien tuvo que imponer su capacidad de mando jerárquico para doblegar el criterio de los abogados del Estado. Castro señaló en su escrito que excluía la rebelión y que solicitaba la mitad de penas que la Fiscalía.

Ahora el Supremo ha dejado constancia de que los movimientos políticos sólo serán políticos. Y nunca judiciales. Así que el nuevo equipo de la Abogacía del Estado deberá pedir las claves y coordinarse con el fulminado Edmundo Bal si quiere tener acceso a la nube de información del caso.