Sánchez ofrece a ERC otro hachazo fiscal a las rentas de más de 60.000 € a cambio del apoyo a los Presupuestos
El Gobierno no descarta una nueva subida de impuestos, con especial impacto en las rentas medias en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
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El acuerdo presupuestario del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Podemos contemplaba una subida de dos puntos en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019 y de 4 puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros. Actualmente, el tipo máximo del impuesto se sitúa en el 45% en el tramo estatal, para las rentas superiores a los 60.000 euros, de forma que el acuerdo supone añadir dos tramos más a la tabla del impuesto.
La subida fue saludada con entusiasmo desde ERC, formación que defiende entre sus medidas una mayor presión fiscal para las rentas más altas. Sin embargo, en una reciente pregunta por escrito en el Senado -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- los republicanos se interesaban por la razón para aplicar esa subida «solamente a ese tipo de rentas y no a otras inferiores», poniendo el umbral en los 60.000 euros, una cifra «muy por encima de la media de los ingresos salariales que perciben los ciudadanos del Estado».
En su respuesta, el Ejecutivo se remite al acuerdo presupuestario con Podemos «entre cuyas prioridades se encuentra recuperar la progresividad del sistema fiscal, haciendo que quieres más capacidad económica tienen contribuyan en mayor medida», y no descarta tratar la propuesta de ERC en la negociación presupuestaria. «El Gobierno está dispuesto a escuchar las propuestas que Esquerra Republicana quiera plantear en este asunto o cualquier otro, en el marco negociador de los Presupuestos Generales del Estado», confirma el Ejecutivo socialista.
Esos 60.000 euros es el umbral que también fija Podemos para cargar las rentas del trabajo. La pretensión con la que el partido de Pablo Iglesias acudió a las negociaciones con el Gobierno se rebajó sin embargo para alcanzar el acuerdo presupuestario, que los socios presentaron el pasado 11 de octubre. Hacienda, por su parte, partía de los 150.000 euros. El pacto final se quedó en 140.000, lo que afectará a más de 100.000 contribuyentes, según el cálculo de los técnicos de Hacienda (Gestha).
Aún sin apoyos
El Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley de los Presupuestos, para que se inicie su tramitación parlamentaria.
«El planteamiento del Gobierno de España es presentar los Presupuestos y los vamos a presentar en el próximo Consejo de Ministros del día 11 de enero, el próximo viernes; unos Presupuestos para que España avance, continúe avanzando en política social, en crecimiento económico y en la creación de empleo y en la dignidad laboral. Por lo tanto, van a ser unos presupuestos cargados de sentido común y también de valores sociales que hacen falta en nuestro país», avanzó Sánchez, en una entrevista esta semana con la agencia Efe.
Pero el Ejecutivo no tiene aún los apoyos necesarios para que esas cuentas puedan salir adelante. El principal escollo sigue estando en las exigencias de las formaciones independentistas, especialmente del PDeCAT, a sus reclamaciones de ruptura, y en los visibles desacuerdos entre los socios de Govern y la representación de estos partidos en el Congreso.
Con Torra en contra
El presidente catalán, Quim Torra, avisó este miércoles de que si ERC o PDeCAT apoyan los Presupuestos sin su aval habría una «crisis» en el Gobierno autonómico.
La postura de Torra, hoy por hoy, sigue firme en no apoyar las cuentas socialistas. También el vicepresidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, calificó esta semana los Presupuestos de «muy decepcionantes» porque, destacó, no contienen ninguna «concesión ni ninguna apuesta para ayudar a la Generalitat». Aragonès advirtió de que los independentistas «no darán un cheque en blanco» al Gobierno central ni se dejarán condicionar por «la espada de Damocles de que viene la derecha reaccionaria» si no se aprueban.
El choque entre las formaciones independentistas se produjo este martes, a raíz de las declaraciones de la exconsejera Dolors Bassa, en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
En una entrevista escrita con la emisora catalana Rac-1, Bassa sugirió que el independentismo no podía «dejar caer» a Sánchez. «Si quieren aprobarlos (los Presupuestos) que hagan un gesto, lo que sea pero que lo hagan», señaló. Esas palabras fueron interpretadas como un giro tras meses de negativas a apoyar las cuentas en espera a una propuesta política del Gobierno.
Torra, en cambio, ha censurado la opinión de la exconsejera y ha instado al líder socialista a «ser valiente» y a «moverse», presentando una «propuesta política sobre el derecho a autodeterminación». Si lo hace, dijo, «sabe que tendrá el apoyo para sacar adelante los Presupuestos».
Por el momento, Sánchez sí se comprometerá a cumplir con las inversiones en infraestructuras previstas en la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, que prevé que la inversión del Estado en infraestructuras en la región se equipare a la participación relativa del PIB con relación al PIB del Estado para un periodo de siete años.
Como avanzó OKDIARIO, el presidente del Gobierno ya ofreció esa inversión a los independentistas para lograr su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy.
En sus enmiendas a los Presupuestos Generales de Rajoy, los socialistas incluyeron que «la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equipararáa la participación relativa al PIB de Cataluña con relación al PIB español durante un periodo de siete años”.