Los fiscales y el Supremo plantan cara a Sánchez: no avalarán ningún indulto a los golpistas

Pero impulsar ese indulto sin el respaldo del tribunal encargado del caso y de la Fiscalía sería una locura electoral porque el protagonismo del Gobierno sería absoluto. Y ni el Tribunal Supremo ni los fiscales del caso están dispuestos a avalar semejante indulto.

Las presiones políticas han convivido con los fiscales y la acusación particular de VOX desde el inicio del caso por el referéndum ilegal. De hecho, en el caso de VOX desde antes, y es que este partido abrió el proceso previamente y en el Juzgado número 13 de Barcelona a raíz de las declaraciones del juez Santiago Vidal.

Pero la tramitación de un indulto, tal y como han pretendido los golpistas, sobrepasa cualquier tipo de presión normal. Especialmente cuando el tribunal encargado del caso y la Fiscalía tienen que ser informados y pueden respaldar o rechazar el deseo del Gobierno de aplicar el indulto. Y en este caso la respuesta sería unánime. Ni el primero ni el segundo están dispuestos a avalar semejante decisión.

Lo primero, porque la existencia de delitos de máxima gravedad en el 1-O es obvia y obscena. Y, lo segundo, porque, además, se trata de unos delitos con un peligrosidad y una implicación política que hace imposible respaldar un indulto de esta naturaleza sin manchar por completo la apariencia de independencia frente al poder político. Y eso supondría un desprestigio total y duradero tanto para el Tribunal Supremo como para los fiscales implicados o el propio Ministerio Público en su conjunto.

Respaldar el indulto mancharía por competo la apariencia de independencia frente al poder político de fiscales y Supremo

Hay que recordar que los cuatro fiscales encargados del caso del golpe de estado separatista –Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza– han mantenido ya encuentros con la fiscal general María José Segarra para dejar claro que no van a ceder a ninguna presión. Y, menos aún, a una destinada a que avalasen un indulto carente por completo de justificación ni política, ni jurídica, ni social -y es que los mismos partidos impulsores del golpe siguen hoy en día lanzándolo-.

Es más, los fiscales ya han advertido de que, en caso de que observen un incremento excesivo de las coacciones sobre su trabajo, acudirán de inmediato al Consejo Fiscal en busca de amparo y para dejar constancia pública de que la capa política ha cruzado cualquier límite admisible, tal y como ya ha publicado OKDIARIO. Por su parte, el Tribunal Supremo se mantiene exactamente en las mismas tesis: en las de no aceptar ninguna intromisión.

Y eso implica que si el Gobierno quiere sacar el indulto lo tendrá que hacer con el rechazo expreso de las dos instituciones, algo que puede suponer un coste electoral excesivo para el equipo de Pedro Sánchez y sus pretendidas opciones de revalidar mandato en las próximas elecciones generales.